La Iglesia en San Juan rechaza la baja de la imputabilidad y advierte sobre un enfoque “punitivista y simplista”

Desde la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado local cuestionaron el proyecto que impulsa reducir la edad de responsabilidad penal. Sostienen que la medida no aborda las causas estructurales del delito juvenil y alertan sobre la falta de infraestructura para una eventual aplicación.

El presidente de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan de Cuyo, Germán Grosso, ratificó la postura crítica de la Iglesia frente al proyecto de baja de la edad de imputabilidad y advirtió que se trata de una respuesta “simplista” que prioriza la persecución penal por sobre un enfoque restaurativo y de inclusión social.

En declaraciones radiales, Grosso explicó que la posición difundida a nivel local retoma el planteo sostenido por la Conferencia Episcopal Argentina, que desde hace años trabaja en programas vinculados a la recuperación de niños y adolescentes que ingresan en el circuito delictivo atravesados por situaciones de vulnerabilidad y adicciones.

Grosso cuestionó lo que definió como una tendencia a adoptar “medidas simplistas” con una lógica punitivista que coloca la sanción por encima de la restauración. A su entender, priorizar la persecución penal no resulta adecuado para la recuperación de jóvenes que, en muchos casos, crecieron en contextos desfavorables.

En ese sentido, señaló que la carta enviada a legisladores nacionales cuenta con el respaldo de instituciones nacionales e internacionales que han estudiado la problemática de la responsabilidad penal juvenil. Según indicó, dichos estudios advierten sobre la complejidad de aplicar el mismo criterio sancionatorio a menores que provienen de entornos de alta vulnerabilidad en comparación con aquellos que cuentan con mayores recursos y contención.

El referente eclesial remarcó que la propuesta institucional apunta a fortalecer esquemas de Justicia Restaurativa, orientados a que el joven asuma responsabilidad por el daño causado y repare a la víctima, en lugar de privilegiar el encierro como única respuesta estatal.

En el caso de San Juan, Grosso reconoció que la provincia viene desarrollando políticas en esa línea, aunque advirtió que el sistema no se encuentra en una situación óptima. “Puede estar mejor que otras jurisdicciones, pero no alcanza”, sostuvo.

También puso en duda la viabilidad de implementar políticas de reinserción en el actual contexto económico nacional. Si bien el proyecto debatido contempla acciones de resocialización, consideró que la infraestructura y los recursos disponibles resultan insuficientes para garantizar una aplicación efectiva.

Asimismo, indicó que la Iglesia también manifiesta preocupación por las víctimas, muchas de ellas pertenecientes a sectores sociales vulnerables. Sin embargo, insistió en que el debate debe centrarse en la responsabilidad del Estado para garantizar políticas de prevención y asistencia, cuya implementación —según afirmó— es desigual entre provincias.

Consultado sobre el escenario en caso de aprobarse la baja de la edad de imputabilidad, Grosso advirtió que se ampliaría el universo de menores punibles sin contar con infraestructura adecuada para su alojamiento ni programas sólidos de reinserción.

La postura de la Iglesia en San Juan se suma así al debate nacional sobre la política criminal juvenil, con un planteo que prioriza la prevención, la restauración del daño y la inclusión social por sobre el endurecimiento de las penas como respuesta principal al delito adolescente.