San Juan reforzará la seguridad con la compra de 100 nuevos vehículos para la Policía

El próximo 13 de octubre se abrirá la licitación pública para la compra de 100 nuevas movilidades destinadas a fortalecer el equipamiento de la Policía de San Juan. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, quien destacó que la medida forma parte del compromiso asumido por el gobernador Marcelo Orrego para mejorar la seguridad en toda la provincia.

En total, se adquirirán 70 vehículos y 30 motos, cuya distribución se realizará según un análisis previo de las necesidades operativas de cada dependencia y comisaría. Las motos serán de gama media, similares a las incorporadas a principios de año, y su adquisición fue evaluada y avalada por la Jefatura de la Policía en función de criterios logísticos.

Delgado detalló que el criterio para la compra contempla calidad, funcionalidad y precio, y que si bien se priorizan marcas reconocidas, se tendrá en cuenta el equilibrio económico.

El funcionario aseguró que esta licitación se enmarca dentro del plan de equipamiento progresivo que impulsa el Gobierno desde el inicio de su gestión. Asimismo, adelantó que la incorporación de nuevos recursos para la fuerza “siempre está en agenda”, aunque depende de la disponibilidad financiera y la asignación de fondos por parte del Ministerio de Hacienda.

Respecto a la posibilidad de incorporar más pistolas Taser, Delgado indicó que por el momento no está prevista su compra. “Es una decisión que tomará Hacienda cuando existan fondos disponibles”, sostuvo.

En relación con la reforma del Código Penal propuesta por el Gobierno nacional, el secretario consideró que endurecer las penas “responde a un reclamo social”, pero advirtió que “la respuesta debe ser integral y no un parche”.

Sobre el debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad, Delgado expresó que si bien “un menor que comete un daño grave debe asumir su responsabilidad”, no puede ser tratado igual que un adulto.

Planteó que cualquier modificación en ese sentido debe ir acompañada de un plan integral de contención y reinserción, ya que el Servicio Penitenciario no cuenta hoy con infraestructura ni personal especializado para alojar y asistir a menores.

“Si un menor comete un delito grave, no se lo puede ignorar. Pero tampoco se lo puede condenar como si fuera un adulto. Tiene que haber un abordaje acorde a su edad y con perspectiva de reinserción”, concluyó.