La ex Electrometalúrgica Andina quiere irse del país y ofrece pagar solo el 50% de las indemnizaciones

El grupo brasileño que la administra la planta anunció su intención de retirarse de Argentina, lo que dejaría sin empleo a unos 70 trabajadores sanjuaninos. La negociación, bajo conciliación obligatoria, está trabada por el pago de indemnizaciones y la falta de garantías.

La situación en la planta de carburo ubicada en Chimbas, conocida como ex Electrometalúrgica Andina, se agrava día a día. La empresa, actualmente gestionada por un grupo brasileño, anunció su decisión de abandonar el país, lo que pone en riesgo el futuro laboral de aproximadamente 70 trabajadores.

El conflicto está siendo tratado en el ámbito de la conciliación obligatoria, con la intervención del gremio, representantes de la firma y la Subsecretaría de Trabajo de San Juan. El subsecretario Franco Marchese brindó detalles del difícil escenario que atraviesan los operarios.

“Ellos están firmes en su posición de irse del país y, por ende, de indemnizar a los trabajadores con una propuesta que se les hizo en la conciliación obligatoria: el 50% de lo que les correspondería por indemnización”, sostuvo Marchese en rueda de prensa.

El principal punto de conflicto es el alcance del pago indemnizatorio. La empresa pretende ampararse en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita a pagar la mitad del monto habitual en casos de fuerza mayor o cierre definitivo. En contraste, el sindicato exige que se aplique el artículo 245, que garantiza el pago total.

Pero las diferencias no terminan allí. La compañía también propuso abonar esa indemnización reducida en 10 cuotas, una modalidad que fue rechazada de plano por el gremio.

“Obviamente, ante esa propuesta del pago de la mitad de lo que correspondería, el sindicato ha puesto el grito en el cielo y, a los fines de poder llegar a un acuerdo, están solicitando alguna especie de garantías”, advirtió Marchese.

Hasta el momento, la empresa brasileña no ha emitido declaraciones públicas ni ofrecido garantías formales. La planta, que ya ha atravesado situaciones de inestabilidad en el pasado, enfrenta ahora un futuro incierto. Desde el Gobierno provincial se intenta evitar la pérdida masiva de empleos y promover una salida negociada que respete los derechos laborales.