El Tribunal de Cuentas detectó irregularidades por $120 millones en la gestión de Armando Sánchez en Pocito

Hay 25 cargos contra el exintendente y exfuncionarios de su gabinete por contrataciones sin respaldo, pagos sin certificaciones y operaciones sin documentación legal. Los involucrados tienen plazo para presentar descargos.

El Tribunal de Cuentas de San Juan encendió las alarmas tras auditar el ejercicio 2023 del municipio de Pocito. Como resultado, formuló 25 cargos por presuntas irregularidades administrativas que rondan los 120 millones de pesos. Los principales señalados son el exintendente Armando Sánchez y varios exfuncionarios de su gabinete, quienes ya fueron notificados y se encuentran dentro del plazo legal para presentar descargos y documentación que los exima de responsabilidad patrimonial.

La auditoría del organismo de control apuntó especialmente al último tramo de la gestión de Sánchez, dirigente del uñaquismo y exministro de Desarrollo Humano, que dejó el cargo en diciembre de 2023. La actual administración está en manos de Fabián Aballay.

Entre las observaciones más graves se encuentra una adenda al contrato con la empresa Hormigones de Cuyo, por una obra de repavimentación en calle Maurín. El Tribunal detectó que no hay constancia de la base de cálculo para la redeterminación de precios ni certificación de trabajos, a pesar de que se autorizó un pago de casi $49,8 millones. Por este hecho fueron imputados Sánchez; el exsecretario de Administración y Hacienda, Claudio Collado Moll; y el extitular de Obras Públicas, José Luis Martín.

Otra de las observaciones de mayor peso involucra contrataciones directas sin contrato ni facturación respaldatoria, por casi $16 millones, para la colocación de juegos y equipamiento deportivo entregado por la Secretaría de Deportes de la provincia. Las empresas involucradas son Hormigones de Cuyo, Yohmelju y Bulk Sas. También figuran en este cargo Lucía Altamirano, exsecretaria de Acción Social, y Néstor Font Oliver, exdirector de Deportes.

El informe también cuestiona un operativo de limpieza y riego por más de $9 millones, ya que no hay contratos, facturas ni registros de los servicios prestados. Otra vez, Sánchez, Collado Moll y Martín aparecen como responsables directos.

También se detectaron irregularidades en compras de materiales y equipamiento para espacios verdes y plazas, por montos que rondan los $6 millones en cada caso. Se señalan faltantes de documentación clave como recepción de bienes, comprobantes de pago válidos o incorporación al inventario municipal.

Además, figuran dos observaciones por más de $5 millones cada una: una por una obra de enripiado sin contrato ni cobertura de seguros, y otra por un servicio de catering para la fiesta patronal de Santa Bárbara, con una factura sin conformar y un decreto de pago sin monto definido.

El Tribunal de Cuentas advirtió que se trata de gastos sin respaldo legal ni administrativo, lo que podría derivar en una declaración de responsabilidad patrimonial directa para los exfuncionarios. De no poder justificar las erogaciones observadas, podrían enfrentar un proceso de cobro judicial por parte de la Fiscalía de Estado, que estaría habilitada a recuperar los fondos mediante ejecución legal.

Sin embargo, el procedimiento aún está en curso. Los imputados pueden defenderse ante el mismo Tribunal, y si no quedan conformes con el fallo, apelar ante la Corte de Justicia de San Juan. La definición final dependerá de la validez y el respaldo documental de los descargos que logren presentar.