San Juan impulsa un ambicioso plan de inversiones energéticas con respaldo nacional

El presidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Roberto Ferrero, confirmó que la provincia de San Juan inició una nueva etapa de inversiones en infraestructura energética, con financiamiento conjunto entre la Secretaría de Energía de la Nación y el Gobierno provincial, y con reintegros provenientes del pago de tarifas por parte de los usuarios.

En declaraciones recientes, Ferrero detalló que el pasado jueves se emitió una resolución clave del EPRE, en la que se fijó el inicio de un programa de obras eléctricas que será abordado en próximas audiencias públicas.

Entre las obras prioritarias mencionó:

La instalación de cinco nuevos transformadores.

Ampliación de estaciones transformadoras, como la ubicada en el predio cercano a Chimbas.

Adquisición de una estación transformadora móvil, que brindará respaldo ante contingencias o emergencias.

Ferrero subrayó la importancia de estas obras en el contexto del desarrollo económico proyectado para San Juan, particularmente vinculado al crecimiento de la minería: “La economía de San Juan florecerá con la inversión minera, pero eso requiere acompañamiento en condiciones energéticas adecuadas”, manifestó.

Según explicó, los fondos provienen parcialmente de la Provincia y de la Nación, pero se reintegran a las distribuidoras a través de las tarifas que abonan los usuarios. “Son recursos que se vuelcan directamente en obras”, aclaró.

Conflicto energético en Caucete

En relación al conflicto entre la empresa DECSA y el Municipio de Caucete por una deuda vinculada al alumbrado público, Ferrero informó que el EPRE emitió una resolución tras una auditoría técnica extensa. El problema se originó por la falta de medidores en luminarias públicas, lo que llevó a estimar el consumo en base a cantidad, potencia y tiempo de encendido de las lámparas.

El informe técnico sirvió de base para instar a ambas partes a acordar un plan de pago, cuya negociación debería cerrarse en los próximos 20 días. Ferrero aclaró que, si bien DECSA podría avanzar judicialmente, no sería razonable cortar el suministro de alumbrado público, dado su carácter esencial.