Condena por fraude a la OSP: prisión efectiva para los dueños de Garder

El juez Matías Parrón emitió su veredicto en el resonante caso que involucró a la empresa de salud Garder, investigada por defraudar a la Obra Social Provincia (OSP) mediante maniobras fraudulentas y falsificación de documentación.

Tras una audiencia que cerró una investigación de tres años, el magistrado condenó a tres años de prisión efectiva a Marilina de la Fuente y Eduardo Guzmán, propietarios de Garder. Ambos fueron trasladados inmediatamente al Penal de Chimbas para comenzar a cumplir la pena. En tanto, su hija, Florencia Molina, y la médica María Noel Becerra resultaron absueltas por el beneficio de la duda.

El caso se remonta a octubre de 2022, cuando el entonces interventor de la OSP, Daniel Greco, denunció a Garder por presunta facturación de servicios médicos inexistentes, entre ellos la provisión de módulos de alimentación enteral, nutrición administrada por sonda a pacientes con internación domiciliaria.

Durante la investigación liderada por el fiscal Iván Grassi, se comprobó que Garder cobró por al menos ocho prestaciones que nunca se realizaron. Uno de los ejemplos más ilustrativos fue el de una mujer del departamento Zonda: la empresa informó que recibía los módulos en su domicilio, cuando en realidad estaba alojada en un geriátrico.

Además del fraude económico, el caso incluyó la adulteración de documentos públicos y privados. En la causa se determinó que Garder presentó informes firmados por profesionales que luego negaron haber elaborado los documentos o haber atendido a los pacientes mencionados. Pericias confirmaron que las firmas del nutricionista Federico Quintana y el enfermero Mauricio Mesías fueron falsificadas.

El caso también destapó una segunda modalidad delictiva. Según la acusación, Garder declaró la realización de intervenciones quirúrgicas complejas, como colocación de vías centrales en clínicas privadas, como el Hospital Privado y un sanatorio de Jáchal, que nunca se efectuaron. Se presentó documentación falsificada y se simuló la realización de dichas prácticas, lo que permitió a la empresa cobrar por servicios inexistentes.

En una de esas maniobras fue involucrada la médica María Noel Becerra, acusada de utilizar el sello y una firma falsa de un colega para autorizar internaciones domiciliarias que beneficiaban directamente a Garder, pese a su conflicto de intereses por trabajar en la misma empresa. Aunque las pericias confirmaron la falsificación, el tribunal resolvió su absolución por el beneficio de la duda.

En total, la causa tuvo inicialmente nueve imputados, de los cuales cinco fueron sobreseídos. Dos de ellos, empleados de Garder, aportaron información clave que terminó complicando a los principales responsables.