La Cámara Minera de San Juan pidió una reglamentación técnica de la Ley de Glaciares

Ante versiones sobre una posible modificación por decreto, Ricardo Martínez aclaró que el sector minero no busca cambiar la ley, sino que se aplique con criterios precisos que permitan el desarrollo responsable de actividades económicas.

En medio del debate reactivado por versiones sobre un supuesto intento del Gobierno nacional de modificar por decreto la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, la Cámara Minera de San Juan salió a aclarar su postura y a rechazar cualquier intento de derogación o flexibilización de la norma.

“No se está queriendo modificar la ley, ni la minería está pidiendo que se modifique. No queremos que se derogue ni un artículo”, sostuvo Ricardo Martínez, presidente de la entidad, en declaraciones radiales. Afirmó que el verdadero reclamo del sector es por una reglamentación adecuada, basada en criterios técnicos, que permita conciliar la protección ambiental con el desarrollo de actividades como la minería o la infraestructura vial.

Martínez recordó que la Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 luego de intensos debates legislativos, con el fin de preservar los cuerpos de hielo que actúan como reservas estratégicas de agua. Sin embargo, aseguró que la norma nunca fue reglamentada de forma precisa, lo que generó dificultades en su implementación.

Según el dirigente, el sector minero está a favor de proteger los glaciares y los ambientes periglaciares, pero advierte que la aplicación ambigua de la ley ha provocado conflictos y paralizaciones basadas en interpretaciones poco técnicas. 

Desde la Cámara Minera remarcan que el objetivo es poder trabajar en zonas de alta montaña donde no existan geoformas glaciales activas ni reservorios hídricos estratégicos. Para eso, consideran clave que se establezcan criterios objetivos, sustentados en información científica, que eviten decisiones arbitrarias o con impacto desproporcionado sobre la actividad económica.

El pedido se enmarca en un contexto donde el sector minero busca mayor previsibilidad jurídica para atraer inversiones, en especial en provincias como San Juan, donde la actividad tiene un fuerte impacto económico y social.