Por las amenazas falsas de bomba, Educación y Seguridad avanzan en estrategias de prevención y sanción

Frente a la reiteración de amenazas falsas de bomba en escuelas y edificios públicos de San Juan, el Ministerio de Educación provincial puso en marcha una serie de medidas pedagógicas para generar conciencia entre los estudiantes, mientras que desde el área de Seguridad se evalúan sanciones económicas para quienes resulten responsables.

“Cuando aparece en la escuela, toda situación de conflicto para nosotros es una oportunidad para educar”, afirmó Luis Lucero, director de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios. El funcionario explicó que se están activando diversas líneas de acción desde la propia dinámica institucional para abordar estos episodios que, además de generar temor, provocan un fuerte impacto operativo y económico.

Uno de los caminos clave es reforzar el uso del Acuerdo Escolar de Convivencia, el conjunto de normas internas que cada escuela posee y que permiten intervenir ante situaciones de conflicto. “Sugerimos trabajar al interior de la escuela con las reglas que ya existen, desde una mirada formativa”, señaló Lucero. Además, se propone abrir espacios de reflexión dentro de materias como Formación Ética, Ciudadana y Tutoría.

“La idea es que los chicos se pregunten qué pasaría si hicieran esto en su vida adulta. ¿Qué consecuencias tendría una falsa denuncia? Que puedan entender que cada amenaza activa un operativo real, con recursos y personal que están para cuidarnos”, explicó.

En la última semana, San Juan registró al menos cuatro amenazas falsas que obligaron a activar protocolos de evacuación. Entre los casos figuran incidentes en el Hospital Guillermo Rawson, la Escuela Eugenia Belín Sarmiento, el Centro Cívico y establecimientos con nombres similares como Antonio De la Torre y Antonio Torres, en Capital y Rawson.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, advirtió que “cada operativo implica una inversión importante” y que el costo por amenaza supera los tres millones de pesos, incluyendo personal, móviles, tecnología y equipamiento.

“Estamos trabajando para que ese gasto lo asuma quien generó la amenaza. Si es mayor de edad, se le cobrará directamente. Si es menor, serán responsables sus padres”, explicó el funcionario.

El mecanismo de recuperación aún se encuentra en definición, pero podría aplicarse por vía penal o administrativa. Mientras tanto, la Justicia ya logró identificar a los autores de algunos llamados. En el caso del Hospital Rawson, una llamada fue rastreada hasta una profesional residente, quien alegó que su teléfono fue hackeado. En otro caso, la madre de un menor de 13 años reconoció la voz de su hijo como autor de la amenaza al Centro Cívico de Iglesia.

“No es una broma. Es un delito. Y tiene consecuencias”, remarcó Delgado, y subrayó que aunque la pena penal pueda no ser elevada, el daño comunitario y económico es considerable, especialmente cuando se afectan servicios esenciales como hospitales o escuelas.

Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno provincial lanzará una campaña de concientización en las escuelas, en articulación con el Ministerio de Educación. El objetivo: que los estudiantes comprendan el impacto real de estos actos, tanto en la comunidad como en sus propias vidas.