La obra de la Ruta 40 Sur, considerada estratégica para la conectividad entre San Juan y Mendoza y la mejora de la seguridad vial en el corredor, atraviesa un escenario de fuerte incertidumbre luego de la rescisión del contrato por parte de las empresas encargadas de su ejecución.
Según informó la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en San Juan, las firmas Dumandzic y Semisa, integrantes de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) responsable del proyecto, resolvieron dar por finalizado el vínculo contractual tras el retiro de aproximadamente 2.000 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional, lo que dejó a la obra sin financiamiento operativo.
La decisión impacta de lleno en el futuro de la traza, que originalmente estaba financiada con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y dependía de la contraparte nacional para su continuidad. Con ese esquema desactivado, la continuidad del proyecto quedó en suspenso y sin definición inmediata.
Desde el gremio, el titular de UOCRA San Juan, Alberto Tovares, confirmó que las empresas comunicaron formalmente la salida del proyecto y advirtió sobre las consecuencias laborales de la medida. Según precisó, alrededor de 100 trabajadores quedan desvinculados del esquema de obra sin una nueva reubicación inmediata.
El dirigente describió la situación como un fuerte golpe para el sector de la construcción y señaló que la expectativa de reactivación que existía previamente se diluyó con la decisión de rescindir el contrato. En ese sentido, remarcó que la continuidad laboral de los operarios queda ahora supeditada a nuevas alternativas que deberán gestionarse de manera individual o a través de futuros proyectos.
Tovares también indicó que, si bien el avance físico de la obra era limitado, la paralización total deja sin perspectiva de continuidad a un proyecto que venía siendo seguido de cerca por el sector sindical y las autoridades provinciales.
En este nuevo escenario, la definición sobre el futuro de la Ruta 40 Sur queda en manos de Vialidad Nacional y del Gobierno nacional, que deberán resolver si la obra será relicitaría o si quedará definitivamente paralizada.
Mientras tanto, desde el gremio y el sector de la construcción advierten por el impacto social y económico de la medida, en un contexto donde la obra pública cumple un rol clave en la generación de empleo y en el desarrollo de infraestructura estratégica para la región.
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