La posibilidad de reactivar las obras de ampliación de la Ruta 40 Sur volvió a instalarse en la agenda pública luego de que trascendiera que el Gobierno nacional trabaja en una propuesta destinada a regularizar las obligaciones pendientes con las empresas contratistas. Aunque la noticia generó expectativas, en el sector privado predomina la cautela ante los antecedentes de incumplimientos que llevaron a la paralización del proyecto.
Según indicaron desde el Gobierno provincial, la iniciativa en análisis buscaría cancelar las deudas acumuladas y restablecer el esquema de pagos comprometido originalmente. Sin embargo, las constructoras consideran que cualquier avance deberá estar acompañado por definiciones concretas y recursos disponibles para afrontar los costos que implica retomar una obra de gran escala.
Desde el sector remarcan que la reanudación de los trabajos requerirá mucho más que volver a ejecutar las tareas pendientes. Será necesario reconstruir la estructura operativa que fue desmantelada tras la suspensión de la obra, incluyendo la reinstalación de campamentos, la movilización de equipos y maquinaria, la reorganización logística y la reincorporación de personal.
A ese escenario se suma que el tramo restante contempla algunas de las etapas más complejas y costosas del proyecto. Entre ellas figuran la pavimentación de una importante extensión de la traza y la ejecución de tres cruces a distinto nivel en el sector comprendido entre Tres Esquinas y Cochagual, en el departamento Sarmiento.
Las empresas también advierten que varios de los materiales e insumos necesarios para estas intervenciones demandan pagos anticipados, por lo que la disponibilidad de financiamiento será un factor determinante para cualquier intento de reactivación.
Pese a las versiones sobre una posible solución, las compañías señalaron que hasta el momento no han recibido comunicaciones oficiales por parte de las autoridades nacionales. No obstante, manifestaron disposición a retomar el vínculo contractual siempre que exista un marco que garantice previsibilidad económica y cumplimiento de los compromisos asumidos.
La crisis alcanzó su punto más alto cuando la unión transitoria de empresas encargada de la obra decidió rescindir el contrato debido a la acumulación de deudas y retrasos en los pagos. Como consecuencia, alrededor de 120 trabajadores quedaron desvinculados, profundizando el impacto de la paralización sobre el sector de la construcción.
Durante los últimos meses se evaluaron distintas alternativas para destrabar el proyecto, entre ellas la posibilidad de transferir la ejecución a la Provincia o suspender formalmente la obra mientras se definía su futuro. Ninguna de esas opciones prosperó y, por ahora, la atención está puesta en la propuesta que prepara Nación para intentar recuperar una intervención considerada estratégica para la conectividad vial entre San Juan y Mendoza.
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