La investigación por la presunta estafa vinculada a Global Market atraviesa una nueva etapa de disputa judicial luego de que parte de la querella impugnara la resolución que derivó el expediente al fuero federal. El planteo busca revertir la decisión adoptada por el juez de Garantías Rodolfo Figuerola, quien se declaró incompetente para continuar interviniendo en la causa.
La presentación fue promovida por la abogada Vanesa Laciar y acompañada por el letrado Fonzalida. Ambos sostienen que los hechos denunciados deben seguir siendo investigados por la Justicia provincial, al considerar que se trata de una maniobra de estafa cuya pesquisa puede desarrollarse dentro del ámbito local.
La discusión sobre la competencia se transformó en uno de los principales ejes del expediente y también expuso diferencias entre los propios representantes de los damnificados. Mientras un sector insiste en que la investigación debe permanecer en San Juan para agilizar medidas destinadas a localizar el dinero presuntamente desaparecido, otros abogados consideran que la Justicia Federal cuenta con mayores herramientas para analizar operaciones financieras complejas y rastrear el destino de los fondos.
Entre quienes respaldan el traslado del caso al ámbito federal se encuentran los abogados Marcelo Arancibia y María Ángel Hernández. Ambos entienden que la naturaleza de las operaciones denunciadas justifica la intervención de ese fuero.
En paralelo, otro frente judicial continúa abierto. El juez de Impugnación Daniel Guillén fue designado para analizar la apelación presentada contra el rechazo de diversas medidas cautelares solicitadas durante la investigación. Entre ellas figuraban allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y pedidos de prisión preventiva para algunos de los involucrados.
La causa tomó relevancia pública tras las denuncias presentadas por numerosos inversores que aseguran haber entregado importantes sumas de dinero a través de operaciones promovidas por Global Market Valores S.A. y otras firmas vinculadas. Según los planteos judiciales, los fondos habrían sido captados bajo promesas de inversión y rentabilidad que luego no pudieron concretarse.
Los principales investigados son Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas. Una de las hipótesis que surgió durante la investigación sostiene que parte del dinero aportado por los inversores habría sido derivado a GMI Inversiones, una firma del sector minero relacionada con los acusados.
Uno de los episodios que aceleró el conflicto fue el intento de recuperación de fondos realizado por la empresa constructora Armegom. Según trascendió durante las audiencias, la compañía habría intentado retirar alrededor de $2.000 millones, encontrándose con activos cuya liquidación resultaba compleja o directamente inviable. Esa situación habría generado preocupación entre otros inversores y multiplicado las denuncias.
Con el avance de la investigación, las estimaciones sobre el perjuicio económico fueron incrementándose hasta alcanzar aproximadamente los $4.000 millones, aunque algunos representantes de los damnificados sostienen que la cifra final podría ser superior una vez que se complete el relevamiento total de los afectados.
Mientras tanto, la expectativa se concentra en las próximas resoluciones judiciales. Por un lado, deberá definirse si corresponde ordenar las medidas cautelares solicitadas por parte de la querella. Por otro, resta conocer qué magistrado revisará la decisión que envió la causa al fuero federal. Esa definición podría resultar determinante para establecer dónde continuará una de las investigaciones por presunta estafa de mayor repercusión en la provincia durante los últimos años.
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