La investigación judicial por presuntas irregularidades en la ejecución del Acueducto Gran Tulum sumó nuevos elementos de análisis luego de que el abogado Marcelo Arancibia presentara una ampliación de la denuncia original acompañada por documentación técnica elaborada durante el desarrollo de la obra.
El nuevo planteo incorpora un informe confeccionado en junio de 2020 por la empresa Industrias Metalúrgicas Jaime, en el que se habrían registrado observaciones relacionadas con el proceso de unión y electrofusión de cañerías de polietileno de alta densidad utilizadas en distintos sectores del proyecto hídrico.
Según la presentación judicial, el documento adquiere relevancia porque habría sido elaborado mientras la obra se encontraba en plena ejecución. En ese contexto, la denuncia sostiene que las observaciones técnicas detectadas podrían haber sido conocidas por distintos actores involucrados en el control, supervisión y certificación de los trabajos.
La ampliación apunta a determinar si funcionarios, inspectores y responsables del proyecto tomaron conocimiento de esas advertencias y, en caso afirmativo, qué decisiones adoptaron frente a los cuestionamientos técnicos planteados durante el avance de la obra.
De acuerdo con la documentación presentada, las inspecciones en las que se elaboró el informe contaron con participación de representantes de MAPAL S.A., personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado y especialistas técnicos vinculados al proyecto. Para el denunciante, ese contexto permitiría reconstruir qué información circuló entre los organismos y empresas involucradas.
La nueva línea de investigación busca establecer si las observaciones detectadas durante la construcción podían afectar la calidad o confiabilidad del sistema y si existieron medidas correctivas, evaluaciones complementarias o decisiones administrativas adoptadas a partir de esos informes.
En su presentación, Arancibia sostiene que el eje del análisis ya no se limita únicamente a verificar si los materiales utilizados cumplían con las especificaciones previstas en el proyecto. Según argumenta, también resulta necesario determinar si hubo advertencias formales sobre eventuales deficiencias y cuál fue la respuesta de quienes tenían responsabilidades de control y supervisión.
A partir de estos elementos, el abogado solicitó que se profundice la investigación sobre posibles delitos vinculados a la administración pública, entre ellos administración fraudulenta agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos, entre otras figuras cuya eventual aplicación dependerá de las pruebas que se incorporen durante la instrucción.
El informe técnico ahora incorporado al expediente describe aspectos relacionados con las características de las cañerías utilizadas, los procedimientos de ensamblaje ejecutados durante la obra y las verificaciones realizadas sobre las uniones. Para la acusación, esos antecedentes podrían resultar determinantes para establecer si existieron alertas tempranas que no fueron debidamente consideradas.
La Justicia deberá analizar ahora el alcance de la nueva documentación y definir si las observaciones registradas durante la ejecución del Acueducto Gran Tulum tuvieron incidencia en decisiones posteriores vinculadas con la certificación, financiamiento y continuidad de una de las obras de infraestructura hídrica más importantes desarrolladas en San Juan en los últimos años.
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