El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) presentó su posición institucional ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) en el marco del análisis del pedido de acceso y ampliación de la red de transporte en 500 kilovoltios (kV), asociado a la primera etapa del proyecto minero Vicuña.
En su presentación, el organismo provincial expresó su acompañamiento al desarrollo de la actividad minera en San Juan, aunque planteó la necesidad de establecer reglas claras que aseguren condiciones equitativas para todos los proyectos que requieran utilizar la infraestructura eléctrica estratégica.
El EPRE recordó que la línea de extra alta tensión fue financiada parcialmente mediante el Fondo PIEDE, con aportes de empresas beneficiarias junto con usuarios residenciales, comerciales e industriales de la provincia. A partir de ese antecedente, sostuvo que dicho esfuerzo debe ser reconocido mediante un esquema de gestión transparente, basado en un modelo de acceso multiusuario que evite ventajas exclusivas para un único emprendimiento y preserve la capacidad de abastecer futuros desarrollos mineros y proyectos de energías renovables.
En ese sentido, el organismo aclaró que su postura no apunta a frenar inversiones, sino a establecer un sistema de acceso abierto que otorgue previsibilidad regulatoria, seguridad jurídica y condiciones de competencia para los distintos actores que requieran utilizar la red de alta tensión.
Asimismo, el EPRE ratificó su disposición a continuar el trabajo conjunto con autoridades nacionales y empresas involucradas, con el objetivo de alcanzar una solución que permita avanzar con las inversiones previstas sin afectar el interés público ni la seguridad del sistema eléctrico provincial.
La presentación se inscribe en una discusión que viene ganando centralidad en torno al uso de la línea de 500 kV que conecta la Estación Transformadora Nueva San Juan con Rodeo, infraestructura considerada clave para el desarrollo del sector minero y energético.
El debate ya había quedado expuesto en la audiencia pública realizada a comienzos de junio, donde distintas partes plantearon posturas contrapuestas. En esa instancia, Vicuña Argentina defendió la prioridad de acceso para la primera etapa del proyecto Josemaría, mientras que el EPRE insistió en la necesidad de un esquema de acceso abierto que garantice igualdad de oportunidades para otros emprendimientos como Los Azules, Altar y El Pachón.
También participaron representantes de otras compañías mineras, autoridades de La Rioja y el intendente de Iglesia, quienes expusieron observaciones vinculadas a la distribución de la capacidad disponible en la red eléctrica.
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