Los tres principales imputados en la causa por la presunta estafa de Branka Motors fueron reubicados dentro del Servicio Penitenciario Provincial luego de denunciar episodios de hostigamiento durante su permanencia en el Penal de Chimbas. La medida se concretó tras una presentación de la defensa y derivó en la aplicación del Régimen de Ingreso y Resguardo (RIF), el procedimiento previsto para resguardar a internos que manifiestan encontrarse en situación de riesgo.
El planteo fue realizado por el abogado José Daniel Tejada en representación de Alexis Javier Marcó, Jonatan David Marcó y Facundo Agustín Banega. Según expuso, los tres se encontraban alojados en el Pabellón Nº 2, Sector 1, donde atravesaban problemas de convivencia que incluían intimidaciones, humillaciones y hechos de violencia por parte de otros detenidos, lo que comprometía su seguridad.
A partir de esa presentación, el Servicio Penitenciario activó el protocolo correspondiente y dispuso el traslado de los imputados a un pabellón de resguardo, separado del resto de la población carcelaria mientras se analiza su situación. Fuentes consultadas indicaron que los acusados no fueron derivados al sector conocido como "Los Espartanos", como había trascendido en algunas versiones, sino a un espacio destinado específicamente para este tipo de casos.
La reubicación ocurrió pocos días después de que la jueza de Garantías Ana Carolina Parra ordenara nuevamente la prisión preventiva de los hermanos Marcó y de Banega por el plazo de cinco meses, en el marco de la investigación por la presunta estafa que habría afectado a 352 personas.
La magistrada dejó sin efecto el acuerdo de reparación económica que los acusados habían alcanzado con la Fiscalía y las querellas al verificarse el incumplimiento del primer desembolso. El convenio contemplaba el pago de 524 millones de pesos en cinco cuotas para indemnizar a los damnificados, aunque la primera transferencia nunca llegó a concretarse.
Durante la audiencia en la que se analizó la situación procesal de los imputados, el fiscal Guillermo Heredia cuestionó que hubieran asumido un compromiso económico sin contar con los recursos para cumplirlo. En tanto, los representantes de las querellas sostuvieron que, además del perjuicio ocasionado a los ahorristas, también se había afectado el funcionamiento del sistema judicial al presentar un acuerdo que finalmente no pudo ejecutarse.
En un primer momento, Alexis Marcó y Facundo Banega aseguraron que la primera cuota había sido transferida. Sin embargo, esa afirmación fue descartada luego de que la Oficina de Medidas Alternativas informara que no existía constancia del depósito. Posteriormente, los propios imputados reconocieron que no habían conseguido el préstamo que esperaban obtener en Mendoza ni reunir el dinero mediante el cobro de pagarés.
Frente a ese escenario, la jueza resolvió mantener abierta la investigación hasta marzo del próximo año y consideró que persistían riesgos procesales suficientes para sostener la prisión preventiva. Fue durante ese nuevo período de detención cuando, de acuerdo con la presentación realizada por la defensa, se produjeron los conflictos de convivencia que motivaron el traslado de los tres acusados a un sector de resguardo dentro del establecimiento penitenciario.
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