Tras la aprobación de la ley que autoriza al Gobierno de San Juan a gestionar financiamiento por hasta 600 millones de dólares, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, brindó precisiones sobre el destino de los fondos y sostuvo que la principal prioridad será la construcción de viviendas.
El funcionario explicó que el programa impulsado por la gestión del gobernador Marcelo Orrego busca compensar la reducción de recursos nacionales destinados a la obra pública y garantizar la continuidad de proyectos considerados esenciales para el desarrollo provincial.
En ese marco, señaló que aproximadamente la mitad del financiamiento que finalmente se obtenga será destinada a políticas habitacionales. Según indicó, la necesidad de ampliar la oferta de viviendas responde tanto al déficit existente como al crecimiento demográfico y económico que podría experimentar San Juan en los próximos años, especialmente a partir de la expansión de la actividad minera.
Achem remarcó que la infraestructura habitacional constituye una de las principales demandas de la población y advirtió que la provincia debe anticiparse a los desafíos que generará la llegada de nuevas inversiones y el incremento de la actividad productiva.
Además de la construcción de viviendas, el plan contempla obras vinculadas al abastecimiento de agua potable, ampliación de redes cloacales, impermeabilización de canales de riego y mejoras en la infraestructura vial. Desde el Ejecutivo consideran que estas inversiones son necesarias para fortalecer los servicios básicos y acompañar el crecimiento de distintos sectores económicos.
Respecto de la estrategia financiera, el secretario General indicó que la provincia buscará acceder a condiciones favorables en los mercados, con tasas de interés inferiores al 10% anual. En ese sentido, destacó la mejora de algunos indicadores macroeconómicos nacionales y la reducción del riesgo país como factores que podrían favorecer la obtención de financiamiento en mejores condiciones.
Según las proyecciones oficiales, el proceso de estructuración financiera podría completarse hacia fines de este año o comienzos del próximo. De concretarse esos plazos, las primeras licitaciones de obras se desarrollarían durante el verano, mientras que el inicio de los trabajos está previsto para el primer semestre de 2027.
El funcionario también destacó el impacto económico que tendría el programa de infraestructura. De acuerdo con las estimaciones del Gobierno provincial, la ejecución de las obras podría generar entre 2.500 y 3.000 puestos de trabajo directos en el sector de la construcción, además de impulsar la actividad de empresas proveedoras y distintos rubros vinculados a la obra pública.
La iniciativa forma parte de la estrategia del Ejecutivo para financiar proyectos considerados prioritarios en un contexto marcado por la reducción de transferencias nacionales y las expectativas de crecimiento asociadas al desarrollo minero y productivo de la provincia.
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