Conflicto energético: La Rioja se suma al rechazo por el control de la línea eléctrica otorgado a una minera

La decisión del ENRE de habilitar el uso exclusivo a Vicuña S.A. generó una fuerte reacción interprovincial. Reclaman participación en una obra financiada con fondos públicos.

La disputa por el control de una línea eléctrica de 500 kV en San Juan sumó un nuevo capítulo tras la intervención del Gobierno de La Rioja, que expresó su rechazo a la decisión del ENRE de otorgar el uso exclusivo del tendido a la empresa minera Vicuña S.A.. La medida, instrumentada a través de Transener, encendió un conflicto que ahora escala a nivel regional.

El planteo riojano se basa en el origen de la infraestructura, que —según sostienen— fue financiada con aportes de varias provincias. En ese sentido, el secretario de Energía de La Rioja, Alfredo Pedrali, explicó que San Juan cubrió el 50% de la inversión, mientras que el resto fue aportado por otras jurisdicciones como Mendoza y la propia La Rioja, con el objetivo de integrar energéticamente la región cordillerana.

Desde la administración riojana advirtieron que la cesión exclusiva a un actor privado contradice el espíritu original del proyecto. Según Pedrali, esta decisión podría limitar el acceso de otras provincias al corredor energético y afectar el desarrollo equilibrado del sistema. En particular, alertó que La Rioja quedaría sin posibilidades de vinculación con el norte a través de esta red.

El conflicto se profundizó luego de la presentación formal realizada por el EPRE San Juan, que también cuestionó la medida al considerar improcedente otorgar el control de una línea estratégica a una empresa privada. A partir de estos reclamos, el ENRE convocó a una audiencia pública en la que se debatirá el futuro de la infraestructura.

En ese ámbito, tanto San Juan como La Rioja anticiparon que expondrán argumentos técnicos y políticos para frenar la exclusividad concedida a la minera, vinculada a proyectos como Josemaría y Filo del Sol. Mientras tanto, desde el gobierno riojano adelantaron que no descartan avanzar por la vía judicial en caso de no obtener una resolución favorable.

De esta manera, la controversia trasciende lo técnico y abre un frente político entre provincias por el control y uso de recursos estratégicos, en un contexto donde la expansión minera y energética redefine el mapa de intereses en la región.