Arancibia apuntó contra la gestión Uñac y advierte sobre corrupción y riesgo sanitario en el Acueducto Gran Tulum

El abogado pidió medidas urgentes a la Justicia y sostuvo que el caso podría derivar en responsabilidades penales de mayor alcance.

El avance de la investigación por el Acueducto Gran Tulum sumó un pronunciamiento contundente del abogado Marcelo Arancibia, quien puso el foco directamente en decisiones tomadas durante la gestión de Sergio Uñac y advirtió sobre un escenario que podría implicar corrupción y riesgo para la salud pública.

El letrado trazó una comparación con la tragedia de Once y sostuvo que “había advertencias que no fueron escuchadas”, en referencia a informes previos que habrían alertado sobre la utilización de materiales inadecuados. En esa línea, remarcó que si se confirma que se aprobaron cañerías no aptas para agua potable, el caso podría superar el plano administrativo.

“Esto no es un tema menor. Si se compraron caños que no sirven para agua potable, estamos hablando de algo mucho más grave”, sostuvo Arancibia, al advertir que podrían configurarse delitos penales.

El abogado reclamó una intervención inmediata del Ministerio Público Fiscal y exigió medidas concretas como allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y peritajes financieros. “No se puede demorar más”, enfatizó.

En su planteo, también cuestionó el proceso licitatorio, donde —según indicó— se habrían descartado ofertas más económicas. En ese contexto, volvió a aparecer la empresa Krah como proveedora de los materiales, junto al vínculo de Gustavo Monti, quien se desempeñaba como apoderado de la firma durante la gestión anterior.

“Acá no puede confundirse un caño de cloaca con uno de agua potable”, afirmó el letrado, al remarcar que la responsabilidad no solo recaería en la empresa, sino también en los funcionarios que validaron la compra.

Mientras la causa avanza en Fiscalía, Arancibia anticipó que buscará intervenir como “amigo del tribunal” para aportar elementos a la investigación y sostuvo que se trata de un caso que “puede tener consecuencias institucionales muy fuertes”.