Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina convocó a un paro nacional y peligra el inicio de clases 2026

El inicio del ciclo lectivo 2026 quedó en el centro de la escena tras la decisión de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) de convocar a un paro nacional docente para el próximo 2 de marzo.

La medida fue definida en un congreso extraordinario y forma parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en distintos puntos del país, lo que pone en duda el normal comienzo del calendario escolar.

La conducción del gremio, encabezada por Sonia Alesso, reclama la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y un incremento salarial que supere la inflación. Además, exige la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento inmediato del presupuesto destinado al sistema educativo.

En San Juan, los sindicatos UDAP y Unión Docentes Argentinos (UDA), nucleados en CTERA, anticiparon que adherirán a la medida de fuerza. Ambos gremios habían advertido sobre la falta de acuerdo en las negociaciones salariales provinciales.

En paralelo, los sindicatos educativos que integran la Confederación General del Trabajo (CGT), entre ellos la propia UDA —liderada por Sergio Romero— y la Confederación de Educadores Argentinos, conducida por Fabián Felman, advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases” si el Gobierno nacional no convoca a paritarias.

En un comunicado conjunto, las entidades señalaron que la educación pública atraviesa “el mayor recorte presupuestario en décadas” y denunciaron que el salario mínimo docente se ubica en niveles de indigencia. También cuestionaron la derogación de normativas que obligaban a garantizar inversión educativa, lo que —según afirmaron— impacta de manera directa en la calidad del sistema y profundiza las desigualdades.

Durante el congreso, CTERA reiteró además su rechazo a lo que calificó como “reformas laborales regresivas” y a proyectos que, a su entender, promueven la mercantilización de la educación. En ese marco, manifestó su oposición al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el gobierno de Javier Milei y anunció que durante marzo impulsará acciones para informar a la comunidad sobre sus posibles consecuencias.

Desde los gremios insistieron en que la paritaria nacional es “una herramienta de diálogo y paz social” y reclamaron que el Ejecutivo cumpla con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 26.075, que prevé la discusión de condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo.

Con este escenario, y a pocos días del arranque formal de las clases, el conflicto docente escala a nivel nacional y abre un nuevo frente de tensión entre los sindicatos y el Gobierno, con impacto directo en millones de estudiantes y familias en todo el país.