Narcotest a funcionarios: las provincias avanzan y el debate llega a San Juan

La política argentina atraviesa una etapa de redefinición en materia de controles internos, con el examen toxicológico a funcionarios consolidándose como una herramienta cada vez más extendida en distintas jurisdicciones.

Lo que comenzó como promesa de campaña en varias provincias hoy se traduce en decretos, operativos y proyectos legislativos orientados a reforzar la idoneidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública.

El caso de Salta marcó el pulso del debate en los últimos meses. Ante la falta de consenso en la Legislatura, el gobernador Gustavo Sáenz avanzó mediante un decreto de necesidad y urgencia que estableció la obligatoriedad del narcotest para funcionarios, sometiéndose él mismo al primer control, cuyo resultado fue negativo. La decisión reactivó la discusión a nivel nacional y aceleró definiciones en otras provincias.

El escenario en San Juan

En San Juan, a comienzos de 2026, el Gobierno provincial puso el foco en el área de seguridad con la implementación de narcotests sorpresivos a la cúpula policial, en el marco de una política de prevención y control interno.

Sin embargo, la obligatoriedad del examen para ministros, secretarios y legisladores provinciales aún no muestra avances formales en la Legislatura. El debate, aunque presente en la agenda pública, no ha dado señales concretas de tratamiento parlamentario.

Un control que se extiende

Otras provincias ya exhiben resultados. San Luis es uno de los casos más citados: durante el último año se realizaron cerca de 2.000 exámenes, con 48 resultados positivos, en su mayoría asociados al uso indebido de psicofármacos.

Neuquén y Santa Fe, en tanto, adoptaron metodologías más rigurosas, como el hisopado bucal y el análisis capilar, técnicas que amplían la ventana de detección y reducen la posibilidad de alterar resultados en el corto plazo.

En cuanto a las consecuencias, los marcos normativos provinciales establecen criterios claros: la negativa a realizar el examen se equipara a un resultado positivo, lo que puede derivar en la destitución inmediata de funcionarios designados o en la apertura de un proceso de juicio político en el caso de cargos electivos.

Mientras tanto, en el Congreso Nacional los proyectos que impulsan el narcotest obligatorio para funcionarios continúan sin tratamiento, ampliando la brecha entre las regulaciones ya vigentes en varias provincias y la ausencia de una norma federal.

Con antecedentes concretos y experiencias en marcha, la discusión también interpela a San Juan. ¿Avanzará la provincia hacia la obligatoriedad del examen para todos los funcionarios? ¿Se extenderá el control a ministros, secretarios y legisladores? ¿Habrá una ley que unifique criterios o continuarán las medidas sectoriales?

El debate ya está instalado. Resta saber si la dirigencia provincial dará el paso hacia una regulación integral o si la iniciativa quedará, por ahora, en el terreno de las intenciones.