
El Gobierno confirmó que los derechos se obtuvieron mediante un acuerdo comercial.


ARCA fue aceptada en el expediente que investiga presuntas retenciones indebidas por más de $19.300 millones y que ya tiene imputados a los principales dirigentes de la entidad.
País19/01/2026
El Gobierno nacional intervendrá como querellante en la investigación judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, en una causa por presunta retención indebida de tributos y aportes a la seguridad social.
La participación se dará a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que impulsa la investigación iniciada a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI). En el expediente también se encuentra imputado el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, considerado uno de los principales dirigentes de la entidad.
El juez en lo penal económico Diego Amarante, a cargo de la causa, aceptó a ARCA como querellante, lo que habilita al organismo a intervenir activamente en el proceso y solicitar medidas de prueba. El monto total bajo investigación supera los $19.300 millones.
Según la acusación, la AFA habría actuado como agente de retención de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, practicando las retenciones correspondientes pero omitiendo luego el ingreso de esos fondos al Fisco dentro de los plazos legales establecidos.
Desde ARCA explicaron que estas conductas encuadran en el delito de omisión, ya que el deber de ingresar los montos retenidos surge directamente de la condición de agente de retención. En la denuncia inicial se detectaron obligaciones impagas por más de $7.593 millones, mientras que una ampliación posterior sumó otros $11.759 millones correspondientes a períodos comprendidos entre marzo de 2024 y julio de 2025.
El organismo remarcó que los fondos en cuestión no constituyen recursos propios de la AFA, sino dinero perteneciente al Estado desde el momento de la retención, por lo que su falta de ingreso configuraría una indebida apropiación de caudales públicos.

El Gobierno confirmó que los derechos se obtuvieron mediante un acuerdo comercial.

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