La Fiscalía de Estado analiza sumarse como querellante en la causa por presuntas irregularidades del Acueducto Gran Tulum

La denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum abrió un nuevo capítulo institucional en San Juan. El titular de la Fiscalía de Estado, Sebastián Dávila, confirmó que el organismo ya evalúa los elementos aportados y adelantó que, si el Ministerio Público Fiscal verifica la existencia de posibles delitos que afecten el patrimonio provincial, la Provincia se constituirá como querellante.

Dávila aclaró que la intervención no es automática ni surge de una potestad investigativa propia, sino que depende de lo que determine la UFI Delitos Especiales. Explicó que, en caso de intervenir, la Fiscalía de Estado puede aportar pruebas, requerir informes y sugerir medidas, aunque enfatizó que ese trabajo “es un complemento a la actividad del fiscal del Ministerio Público”, responsable de dirigir la investigación.

Dávila sostuvo que el expediente requiere un análisis profundo por la complejidad de los hechos denunciados y remarcó que no recuerda antecedentes cercanos de participación penal del organismo en causas vinculadas a posibles hechos de corrupción.

Mientras tanto, la denuncia original presentada por Arancibia continúa su curso. Desde la UFI Delitos Especiales solicitaron al abogado que aclarara si estaba denunciando enriquecimiento ilícito y, en ese caso, a quiénes apuntaba. En su respuesta, Arancibia negó haber acusado ese delito “en los términos del artículo 268 bis”, pese a haber mencionado el riesgo de prescripción asociado a esa figura en su escrito inicial, lo que generó atención dentro del Ministerio Público.

La investigación preliminar revisa contratos, compras y decisiones adoptadas durante la ejecución del acueducto, financiado con un crédito del Fondo Kuwaití. Entre los puntos señalados figuran la presunta vinculación familiar entre la empresa Krah, proveedora de cañerías, y un familiar directo del exgobernador Sergio Uñac; cuestionamientos a la calidad de los materiales; diferencias de precios señaladas por otras firmas competidoras; y un endeudamiento que ya comenzó a ser abonado. 

El abogado insistió en que su presentación apunta a hechos concretos y no a personas determinadas, y mencionó posibles delitos como negociaciones incompatibles, malversación de fondos públicos, defraudación al Estado, dádivas o asociación ilícita. También criticó la falta de información oficial sobre el avance de la obra, pese a que la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes que aún no fue respondido. 

Arancibia agregó que, según versiones, una primera compra de caños valuada en unos 50 millones de dólares “no sería apta” y pidió una verificación técnica en sede judicial. Además recordó que, en 2017, una empresa competidora advirtió al fondo kuwaití que las tuberías de Krah eran de carácter “experimental” y más costosas que otras alternativas disponibles.

Si la causa avanza, la intervención de la Fiscalía de Estado sumaría un nuevo nivel de control institucional. “La víctima acá es la Provincia de San Juan y su patrimonio”, subrayó el abogado, quien afirmó que toda la documentación clave se encuentra en dependencias oficiales. Finalmente, enfatizó la necesidad de esclarecer los hechos: “Puede ser que la investigación determine que no hubo delito, pero lo que no puede pasar es que no se investigue”.