Un acueducto, 100 millones de dólares y una denuncia que roza al exgobernador Uñac

El abogado Marcelo Alberto Arancibia presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de San Juan para que se investiguen presuntos delitos contra la administración pública vinculados a las contrataciones de la obra Acueducto Gran Tulum, ejecutadas durante las gestiones provinciales de 2015 a 2023.

Según el escrito, el perjuicio patrimonial denunciado ascendería a 100 millones de dólares, y se señalan posibles sobreprecios, direccionamiento de licitaciones y vínculos empresariales con exfuncionarios. Arancibia sostuvo que formula la denuncia “en el simple interés de que se cumpla la ley”.

La presentación se realiza a pocos días del 10 de diciembre, fecha en la que se cumplen los dos años posteriores al cese de funciones establecidos por el artículo 268 bis del Código Penal, que regula el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Esa norma prevé prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua para quienes no puedan justificar un incremento patrimonial apreciable ocurrido hasta dos años después de dejar el cargo.

Los hechos denunciados se apoyan en diversas publicaciones periodísticas citadas como prueba inicial. Según esas notas, existiría una presunta vinculación entre altos funcionarios de anteriores gestiones y la empresa proveedora de caños KRAH América Latina S.A., relacionada, según la denuncia, con un primo del exgobernador Sergio Uñac. De acreditarse, podría configurarse una hipótesis de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

También se mencionan testimonios de empresas competidoras que habrían advertido que los pliegos licitatorios estaban diseñados para limitar la competencia, lo que, en caso de confirmarse, podría encuadrar en abuso de autoridad o defraudación al Estado.

La denuncia afirma además que existieron informes técnicos y alertas previas sobre mayor costo, menor respaldo técnico y eventuales deficiencias en los caños adquiridos. De haberse desestimado esas advertencias para favorecer a una empresa determinada, podría tratarse, según Arancibia, de una violación a los deberes funcionales.

Otro elemento mencionado es una declaración pública del actual ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, quien afirmó que la Provincia ya comenzó a pagar la deuda del acueducto pese a que la obra aún no está concluida. Para el denunciante, este dato refuerza la necesidad de investigar una eventual administración fraudulenta.

En el escrito, Arancibia pide investigar la posible comisión de los siguientes delitos del Código Penal:

• Violación de deberes de funcionario público (arts. 248 y 249)
• Malversación de caudales públicos (art. 260 y ss.)
• Negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265)
• Defraudación al Estado (arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5)

La denuncia quedó ahora en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá analizar su admisibilidad y determinar los pasos procesales a seguir.