Tensión en el Concejo de Caucete: el oficialismo busca suspender a dos ediles opositores denunciados por extorsión

El bloque oficialista del Concejo Deliberante de Caucete incorporó para la sesión de este viernes, a las 9.30, el tratamiento de la denuncia penal contra los concejales opositores Emanuel Castro y Ramiro Fernández, ambos de Cambia San Juan. La presentación judicial fue impulsada por Cristina García, ex secretaria del bloque opositor, quien los acusa de presunta extorsión.

Según confirmaron fuentes oficiales, los ediles alineados con la intendenta Romina Rosas tienen la intención de impulsar la suspensión de Castro y Fernández. Sin embargo, el panorama legislativo aparece complicado: la división interna del Concejo pone en duda tanto la posibilidad de alcanzar el quórum para sesionar como la mayoría calificada necesaria para aplicar una sanción.

La denuncia fue presentada a comienzos de esta semana ante la Justicia por Cristina García, quien había sido designada como secretaria del bloque Cambia San Juan. De acuerdo a fuentes judiciales, García sostuvo que Castro la habría obligado a transferir la mitad de su sueldo a una cuenta determinada, y que Fernández también habría tenido participación en esa maniobra.

El caso quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, que analiza las pruebas y testimonios.

El bloque oficialista está integrado por tres concejales: el presidente del cuerpo José Luis Giménez, Luis Roca y la bloquista Marina Poblete. Pese a representar al oficialismo de Rosas, han quedado en minoría debido a las tensiones internas dentro del justicialismo caucetero.

Para sesionar, el Concejo necesita mayoría simple, es decir, la presencia de cuatro de los siete ediles. Fuentes del propio oficialismo admiten que no está asegurado alcanzar ese número, dado que los tres concejales que responden a Rosas han venido actuando en bloque, sin apoyos externos.

En caso de no reunirse el quórum, el tema pasará automáticamente a la próxima sesión, manteniéndose en agenda. Si se logra sesionar, la suspensión de un concejal requiere una mayoría calificada de dos tercios, es decir, cinco votos sobre siete, una cifra que hoy parece difícil de alcanzar.