
Tensión en Iglesia: el director de Minería defendió a la empresa Vicuña y cuestionó a los proveedores locales
San Juan05/09/2025
Denis Monardez respaldó la política de contratación de la minera y descalificó a CAPRIMSA, generando más fricción entre el municipio, las comunidades y los empresarios sanjuaninos.
El director de Minería de Iglesia, ingeniero Denis Monardez, generó una fuerte controversia al salir públicamente en defensa del proyecto minero Vicuña y cuestionar duramente a la Cámara de Proveedores Mineros de San Juan (CAPRIMSA), a la que acusó de “mentir” por denunciar la presencia de contratistas chilenos en tareas que, según argumentan, podrían ser realizadas por empresas locales.
Durante un acto público, Monardez aseguró que “más del 90% de la mano de obra es sanjuanina y el 96% corresponde a proveedores locales”, aunque reconoció que la empresa aún no ha publicado información oficial que respalde esas cifras. En lugar de exigir mayor transparencia, el funcionario anticipó que será la Municipalidad de Iglesia la que solicitará esos datos a la empresa para luego difundirlos.
Lejos de posicionarse como mediador entre las partes, el director adoptó una postura abiertamente favorable a la empresa, minimizando los reclamos del sector privado local. “Las denuncias de CAPRIMSA son presiones particulares y generan falsas expectativas”, afirmó Monardez, marcando un quiebre con el reclamo de mayor participación que impulsan numerosos proveedores de servicios y contratistas de la provincia.
Otro de los puntos polémicos de su discurso fue su postura respecto al proyecto de Ley de Proveedores Locales, actualmente en debate en la Legislatura provincial. Monardez consideró que se trata de “un tema muy delicado” y prefirió apostar por acuerdos directos entre la Municipalidad y las compañías mineras, desmarcándose así de una normativa que busca garantizar mayor participación y equidad en la contratación de empresas sanjuaninas.
Las declaraciones del director de Minería de Iglesia no pasaron desapercibidas. Su alineamiento con la minera Vicuña, sumado al ataque directo contra CAPRIMSA, generó malestar entre sectores empresariales que piden reglas claras y oportunidades reales de acceso a la cadena de contratación.
Desde distintos sectores locales se advierte que este tipo de posturas por parte de funcionarios municipales debilita el rol del Estado como garante del equilibrio entre comunidad, empresas y proveedores, especialmente en un departamento históricamente vinculado a la actividad minera como Iglesia.