El empresario Miguel Aciar, acusado de estafas con viviendas, quedó detenido por orden judicial

Tras permanecer prófugo, el empresario sanjuanino Miguel Ceferino Aciar, titular de DGA Construcciones, se entregó este viernes a la Justicia en el marco de una causa que investiga al menos 21 presuntas estafas relacionadas con planes de viviendas en dos barrios de San Juan.

La jueza de Garantías, Celia Maldonado, ordenó 20 días de prisión preventiva, con cumplimiento en la Subcomisaría de Médano de Oro, y dispuso un año de investigación penal preparatoria (IPP).

La audiencia fue determinante para definir la situación procesal de Aciar, quien quedó formalmente imputado. Además de la detención, la magistrada ordenó el embargo de bienes, propiedades y cuentas bancarias del empresario, su esposa y sus hijos, para asegurar eventuales reparaciones económicas a los damnificados.

Aciar está acusado de haber encabezado una maniobra fraudulenta en la que se ofrecieron carpetas de acceso a viviendas en los proyectos habitacionales Barrio Los Nogales (12 casos) y Barrio Textil II (9 casos), desde el año 2022. Los planes se ofrecían por un monto inicial de $1.500.000, ajustable por inflación. Sin embargo, las obras nunca se iniciaron y decenas de familias denunciaron haber sido engañadas.

La causa penal ya cuenta con otros dos detenidos:

Roberto Vega, secretario general de la Unión Obrera Textil, y

Francisco Fernández Muñoz, titular de la firma Afcom SRL, quien aparece en el expediente como socio directo de Aciar.

Ambos están señalados como presuntos cómplices en la maniobra, que habría consistido en la venta fraudulenta de carpetas habitacionales a familias sanjuaninas que, en muchos casos, agotaron sus ahorros con la esperanza de acceder a una vivienda propia.

Durante la audiencia, el fiscal Duilio Ejarque y el ayudante fiscal Pablo Ferrer presentaron los elementos que vinculan a Aciar con los hechos investigados. La defensa del empresario, a cargo de la abogada Andrea Román Barón, no logró evitar la prisión preventiva, aunque podría presentar recursos en los próximos días.

La investigación continuará por el plazo de un año, durante el cual el Ministerio Público Fiscal deberá profundizar en los vínculos comerciales y financieros de los implicados, identificar a posibles nuevos damnificados y determinar el destino del dinero recaudado. Fuentes judiciales no descartan nuevas detenciones en las próximas semanas.