Subsidios al transporte público: Una carga millonaria para la Provincia

Mientras persiste la disputa entre los choferes nucleados en la UTA y las empresas representadas por la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), el conflicto salarial por un monto impago desde el 17 de junio encendió nuevamente la tensión en el sector.

En este escenario, los empresarios presionan al Gobierno provincial para que autorice un incremento en la tarifa del boleto de colectivo, que actualmente cuesta $750 en su primera sección.

Aunque la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para frenar posibles medidas de fuerza, el titular de ATAP, Ricardo Salvá, fue categórico al afirmar que la única salida para cumplir con los compromisos salariales es aumentar el boleto. 

La discusión sobre los costos del servicio puso sobre la mesa los millonarios subsidios que el Gobierno de San Juan ya destina mensualmente para sostener el sistema de transporte público, tras la quita de aportes nacionales dispuesta por el presidente Javier Milei, que exceptuó solo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En total, la Provincia destina $4.627 millones por mes, lo que equivale a casi 4 millones de dólares, para garantizar la operación del sistema.

Subsidio a las empresas (oferta):

Cada mes, el Gobierno desembolsa $3.200 millones a las empresas de colectivos para mantener en funcionamiento la flota. Esto equivale a unos US$2,8 millones mensuales, según el tipo de cambio actual.

Subsidio al trasbordo (demanda):

Para cubrir el costo del beneficio que permite a los pasajeros realizar combinaciones sin pagar un segundo pasaje, se destinan $827 millones por mes (unos US$700.000).

Boleto escolar gratuito (demanda):

El beneficio que alcanza a estudiantes y docentes implica un gasto mensual promedio de $600 millones, equivalente a US$400.000.

Con estos números sobre la mesa, el Gobierno deberá ahora abrir una nueva instancia de análisis técnico para evaluar el costo real del boleto, en medio de la presión de ATAP y la expectativa de los trabajadores de la UTA por la regularización salarial.

El contexto es especialmente delicado: por un lado, el Estado ya realiza un esfuerzo fiscal inédito para mantener el servicio; por otro, las empresas sostienen que sin recomposición tarifaria no pueden operar ni pagar sueldos. Todo esto, mientras los usuarios enfrentan aumentos en casi todos los rubros de su vida diaria.