Cruce entre Gobierno y el PJ por la intervención de entidades civiles: “Nosotros hacemos lo que corresponde”, dijo la ministra Palma

La ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, respondió con firmeza al pedido de informes presentado por el bloque Justicialista en la Cámara de Diputados, que solicitó detalles sobre las intervenciones y procesos de normalización impulsados por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) en entidades intermedias como uniones vecinales y clubes.

La funcionaria del gobierno de Marcelo Orrego aseguró que le parece “perfecto que pidan los informes que necesiten o quieran conocer”, y remarcó que, al asumir la nueva gestión en diciembre de 2023, se encontraron con una “repartición complicada”, donde muchas entidades tenían “balances sin presentar desde hace 6 o 7 años” y autoridades con “mandatos vencidos desde hace tiempo”.

“Lo que ha hecho el Ministerio de Gobierno es ayudarles y acompañarlos a regularizar la situación”, aseguró Palma. A su vez, deslizó una crítica con contenido político al afirmar que “tal vez hay instituciones que han estado muy politizadas y, entonces, creen —por el PJ— que todos trabajamos igual, pero nosotros somos un gobierno nuevo y distinto, y hacemos lo que corresponde”.

El planteo del bloque justicialista, encabezado por Juan Carlos Quiroga Moyano, se enmarca en una serie de pedidos de informes elevados al Ejecutivo por parte de la oposición. Entre ellos, también solicitaron explicaciones sobre el apoyo financiero a la empresa FB Líneas Aéreas, la contratación directa para la compra de kits escolares y las resoluciones administrativas vinculadas a la IGPJ.

Desde el oficialismo, en tanto, la semana pasada habían presentado cuatro proyectos de comunicación para pedir informes sobre presuntas irregularidades durante la gestión uñaquista, incluyendo la instalación de cañerías del Acueducto Gran Tulum, subsidios a ATAP, gastos en publicidad y dos demandas judiciales contra la provincia por más de $1.800 millones.

Todos estos proyectos fueron girados a comisión, por lo que todavía se espera si serán aprobados para ser remitidos al Ejecutivo.

Uno de los temas que más incomodó al justicialismo fue la intervención de la Unión Vecinal de Rodeo, en Iglesia, cuya conducción quedó a cargo de Analía Cortes, una dirigente cercana al orreguismo que fue candidata suplente a diputada departamental en las elecciones de 2023. Para la oposición, este hecho evidencia que las intervenciones tienen un trasfondo político.

Consultado por este tema, Quiroga Moyano señaló que “nos llama la atención lo que está ocurriendo en toda la provincia con las intervenciones” y pidió que el Ministerio informe los motivos y los plazos definidos para la normalización de las entidades intervenidas.

En respuesta, Palma reiteró que las intervenciones están motivadas por “la falta de documentación, balances y autoridades con mandatos vencidos” y aseguró que se trata de una tarea de orden institucional: “Estamos tranquilos y vamos a contestar cualquier pedido de informes que nos requieran”, concluyó.