La Obra Social Provincia auditará internaciones en Terapia Intensiva ante sospechas de irregularidades

Actualidad28/05/2025e Noticiase Noticias

La Obra Social Provincia (OSP) ha puesto el foco en las internaciones en Terapia Intensiva, en el marco de una serie de auditorías que viene realizando en distintos sectores del sistema de salud.

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Según señaló el interventor de la entidad, Rodolfo Fasoli, se detectaron situaciones que "llaman la atención", como pacientes que permanecen en cuidados críticos pero reciben el alta directamente a sus domicilios, sin pasar por una etapa de recuperación en otras áreas como Terapia Intermedia o internación común.

“Hay que tomar una política seria de control de las prestaciones. Eso es auditoría. También hace falta un sinceramiento de todas las especialidades del sistema de salud para jugar con reglas claras”, declaró Fasoli en una entrevista con el programa Demasiada Información, por Radio Light.

El funcionario advirtió que es inusual que un paciente en estado crítico, alojado en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), sea dado de alta directamente a su hogar. “La UTI supone un estado de salud delicado que requiere asistencia especial. Es muy difícil que alguien pase de terapia intensiva a su casa en 24 horas. Eso nos genera dudas”, subrayó.

Fasoli explicó que la OSP paga $400.000 por día-cama en Terapia Intensiva, en comparación con $200.000 en Terapia Intermedia y $130.000 por una internación en piso común. En ese contexto, señaló que podría haber incentivos económicos indebidos para mantener a pacientes en niveles de atención más costosos sin justificación médica real.

El titular de la obra social detalló que mensualmente se facturan alrededor de 2.000 días-cama en unidades críticas. Para graficar el desbalance, citó el caso del Hospital Rawson: “Tiene 500 camas de terapia y factura 500 días de cama por mes, pero atiende una población que es tres veces mayor que la afiliada a OSP”.

Desde la conducción de la OSP buscan implementar mecanismos más rigurosos de fiscalización y fomentar un uso responsable de los recursos sanitarios. La intención es evitar abusos en el sistema de prestaciones y garantizar que los afiliados reciban una atención adecuada, sin que se distorsione la utilización de servicios críticos por intereses económicos.

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