Franco Marchese: "El paro de UTA es ilegal y podría generar sanciones graves"

El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, se refirió al anuncio de un paro de 48 horas por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), afirmando que hasta el momento no han recibido ningún expediente formal sobre la medida de fuerza.

"Lo único que sé del paro es lo que he visto en las redes sociales, pero no hemos recibido ninguna notificación oficial", explicó el funcionario, quien también hizo referencia a la conciliación obligatoria dictada previamente en este conflicto.

Marchese destacó que el paro de UTA no solo está fuera de la normativa, sino que además no ha sido respetado el proceso de conciliación obligatoria. "Esto podría derivar en sanciones muy graves", advirtió, manteniendo un tono firme ante la situación. En cuanto al conflicto, aseguró que su cartera tiene que mantener su postura para que se llegue a un acuerdo entre las partes involucradas. "El principal afectado en este conflicto son los usuarios", subrayó Marchese.

El subsecretario explicó que, aunque la UTA señala que el conflicto es con los empresarios del transporte, este sigue siendo competencia de la Subsecretaría de Trabajo, ya que no se trata de un simple conflicto de derecho, sino de intereses. 

El funcionario anticipó que durante el día de hoy o mañana se determinará el monto de la multa. Sobre la demora en dictaminar la multa, Marchese explicó que la determinación de la sanción es un proceso complejo y que, aunque la multa recae sobre la UTA, la posible sanción a las empresas por no haber puesto los colectivos en funcionamiento dependerá de las autoridades de Tránsito y Transporte.

"La sanción económica será más grave si se trata de una nueva violación de la conciliación obligatoria", dijo el subsecretario, destacando las consecuencias negativas para los trabajadores y usuarios de la provincia ante la falta del servicio.

Finalmente, sobre la posibilidad de solicitar un amparo judicial para frenar el paro, Marchese aclaró que esta herramienta está disponible, pero que la decisión de utilizarla recae en las autoridades provinciales.