La actual Defensora del Pueblo deberá decidir si asume la banca vacante en la Cámara de Diputados. De declinar, el lugar sería ocupado por el bloquista Federico Rizo.
Horacio Quiroga, quien se encontraba transitando su segundo mandato como diputado provincial, falleció durante la madrugada de este martes 24 de diciembre tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) el miércoles pasado. Su deceso activa el proceso de sucesión previsto por la ley, que ahora coloca en el centro de la escena a la actual Defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza.
Quiroga había sido electo como sexto candidato proporcional en la lista de la subagrupación Vamos San Juan, la cual respaldó la fórmula de Rubén Uñac y Cristian Andino en las elecciones de 2023. Según establece la normativa, tras su fallecimiento, la Legislatura debe aguardar la notificación formal del Tribunal Electoral para proceder con la incorporación de quien le seguía en la nómina.
En este caso, Florencia Peñaloza es la siguiente en la lista proporcional. La actual Defensora del Pueblo cuenta con amplia experiencia legislativa, dado que previamente ocupó el cargo de diputada nacional como reemplazo de Enrique Castro, además de haber sido diputada provincial entre 2019 y 2023. Ahora tendrá que decidir si opta por asumir la banca o mantenerse al frente de la Defensoría del Pueblo.
De no aceptar el cargo, la vacante recaerá en el bloquista Federico Rizo, abogado y exdirector de Control y Seguridad del Tránsito durante la gestión de Sergio Uñac. En caso de asumir, Rizo sumaría una banca al Bloquismo, que actualmente cuenta con tres legisladores en la Cámara y es liderado por Luis Rueda.
El Bloquismo, que integró la coalición oficialista en las elecciones pasadas, hoy opera de manera independiente. Este escenario podría llevar al Partido Justicialista (PJ) a ejercer presión sobre Peñaloza para que renuncie a su actual cargo en la Defensoría del Pueblo y de esa manera garantizar la continuidad de la banca dentro del espacio oficialista.
En caso de que Peñaloza decline asumir como diputada, la Defensoría del Pueblo quedaría bajo la órbita del gobernador Marcelo Orrego, quien podría designar a un funcionario de su confianza. Este movimiento generaría un impacto político, pues permitiría al gobierno actual ocupar un espacio clave dentro de la estructura institucional de la provincia.
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