Desde la Universidad Nacional de San Juan criticaron reformas al Régimen Migratorio

El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre reformas al régimen migratorio, que permitiría a las universidades cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes, ha generado polémica en el ámbito académico.

Desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la medida fue calificada como una “medida simbólica de la motosierra” por parte de la vicerrectora, Analía Ponce, quien aseguró que esta reforma no tendrá un impacto significativo ni en la universidad ni en el país.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que la propuesta busca implementar reformas para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no sean residentes permanentes en Argentina. Además, el Gobierno prevé modificar el acceso a prestaciones de salud y reforzar el control migratorio para prevenir el ingreso de migrantes sin documentación adecuada o que intenten ingresar con intenciones ilegales.

Sin embargo, para Analía Ponce, la propuesta no representa una solución efectiva para las universidades nacionales. “Si se suspendiera la gratuidad para los extranjeros, no habría ningún ahorro significativo. No significaría nada para la universidad que se pueda emplear en otros propósitos”, manifestó. Según la vicerrectora, menos del 3% de los estudiantes de la UNSJ provienen de otros países, y en su mayoría, son de Sudamérica.

Ponce destacó que los estudiantes extranjeros de carreras de grado no pagan aranceles, a diferencia de los estudiantes de posgrado, quienes sí deben abonar matrículas y mensualidades. "El gasto que originan los extranjeros a la Universidad Nacional de San Juan es prácticamente nulo", señaló, dejando claro que la medida propuesta por el Gobierno no tendría un impacto real en las finanzas de la institución.

Por otro lado, el vocero presidencial explicó que, además de la reforma a los aranceles en las universidades, el Gobierno buscará que los servicios de salud sean cobrados a los ciudadanos extranjeros no residentes. 

En cuanto a los delitos cometidos por extranjeros, el funcionario detalló que aquellos que sean atrapados en flagrancia o que atenten contra el sistema democrático serán expulsados y se les prohibirá la entrada al país. Además, aquellos que intenten ingresar con documentación apócrifa o cuyo motivo de ingreso sea dudoso, no podrán acceder al territorio argentino.