Polémica por una presa que se autopercibe mujer y violó y embarazó a otra interna en la cárcel

“Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres” internas “sin contar a las funcionarias, también mujeres, encargadas del cuidado de las alojadas”, señaló el tribunal

Gabriel Fernández comenzó sus problemas judiciales hace menos de una década. Gran parte de sus parejas lo acusaron de maltrato y violencia de género. Fue preso. En medio de ese largo proceso anunció que se autopercibía mujer y debía ser tratada como tal. La ley así lo obliga. Fue entonces cuando se registró una situación insólita: con su nueva identidad, Gabriela, rechazó las acusaciones y sostuvo que no podía ser imputada por violencia de género si era una mujer. Volvió a la cárcel frente a nuevas imputaciones y alojada en un pabellón de mujeres violó a una interna que quedó embarazada. Todo sucedió en una cárcel de Córdoba. 

 
La Justicia no solo acaba de confirmar su prisión preventiva y ordenó avanzar hacia el juicio oral por violencia de género para Gabriela. También dispuso su traslado a un lugar especial, en donde se respete su identidad pero no se ponga en peligro a otras internas. “Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres”, sostuvo el fallo al que accedió Infobae.

 
“Paradójicamente, nos encontramos ante un supuesto contrario al previsto, es decir, la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras, aprovechando, claro está, que se encuentra alojada en un establecimiento que no estaría preparado para esos casos de excepción, al menos por el momento”, dijeron los jueces de la Cámara de Acusación de Córdoba, con la firma de los jueces Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies, al ordenar trasladarla a un lugar en donde no esté en contacto ni con mujeres ni con hombres. 
 
Las acusaciones
 
Gabriela ingresó por primera vez a la cárcel en octubre del 2016 como Gabriel. Al año siguiente se dictó su condena por lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada a tres años de prisión. En noviembre del 2018, el Servicio Penitenciario la trasladó al área de mujeres: había cambiado de identidad de género. En abril del 2019, mientras estaba en detención, quedó acusada de otro delito contra una mujer: privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas. A los pocos días, pudo salir en libertad condicional.

 
A fines del 2019, se le abrió otra causa. Gabriela fue denunciada por su pareja que la acusó con su nombre masculino. Ella también la denunció. El expediente fue archivado. A fines del 2022, otra pareja también la denunció y el caso también fue cerrado.

 
En noviembre del 2023, estando en libertad, Gabriela quedó acusada de privación ilegítima de la libertad, amenazas, lesiones leves calificadas contra su nueva pareja. Y a los pocos días volvió a ser denunciada por desobediencia ya que había intentado tomar contacto con su víctima, cuando existía una perimetral para no hablar con ella. Otra vez fue denunciada por la víctima por privación, violación de domicilio, coacción y desobediencia. Eso generó que se ordenara su detención.

 
En prisión, Gabriela denunció violencia institucional. Pero el escenario cambió el 17 de julio pasado: la justicia fue notificada de que habría abusado sexualmente de una interna, quien habría quedado embarazada. Ambas estaban alojadas en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario 3. Tras la acumulación de sanciones disciplinarias, fue trasladada a otra cárcel para proteger a la interna abusada. 

 
“La imputada fue condenada por delitos vinculados a violencia de género, antes de su autopercepción como mujer. Ya en ese carácter, logró ser trasladada a un establecimiento exclusivo para mujeres, lugar donde cometió varios delitos vinculados a la violencia de género, siendo todas sus víctimas, claro está, mujeres que mantenían con Fernández una relación de pareja. Una vez en libertad, surge confusamente que formula denuncias contra su pareja del momento adoptando su anterior identidad (masculina). Otras parejas de ese lapso en libertad también la denunciaron por hechos vinculados a violencia de género”, sostuvo el tribunal.

 
Tras “desplegar una larga serie de delitos contra una última pareja mujer”, dice el tribunal, Fernández “fue detenida y alojada nuevamente en el EP3, de donde las autoridades penitenciarias solicitaron su traslado por la acumulación de numerosas sanciones disciplinarias”. Fernández “fue acusada de haber abusado sexualmente de una compañera (violación), que supuestamente estaría embarazada de Fernández, por lo que actualmente se ha solicitado un nuevo traslado a los fines de garantizar la seguridad de su víctima”.

 
Y el Servicio Penitenciario manifestó que “la interna Fernández ingresa a esta Unidad el día 09/08/2024, proveniente del Establecimiento Penitenciario n° 3 “Para Mujeres”. Allí “ha presentado dificultades para comprender y respetar la normativa institucional, debida a que no cumple con las pautas del tratamiento, que rigen la disciplina, el trato y la convivencia”.

 
Según el informe de seguridad del 10 de octubre pasado del servicio penitenciario, “la interna Fernández, desde su ingreso a esta unidad, se ha esgrimido como un referente negativo en el pabellón de mujeres, manifestándose como una interna intrépida y temeraria, para con el resto de sus pares, sometiéndolas en la convivencia a través del maltrato verbal y psicológico, utilizando su condición de género ‘binario’ como amenaza, lo que lleva a que se sientan desprotegidas en este sector, imponiéndose en los términos ‘de los viejos códigos carcelarios’, lo que le permitió disponer de la voluntad de sus pares para todo tipo de conductas violatorias a las normas del establecimiento, siendo sindicada, además, como la autora intelectual de conductas antirreglamentarias, comportamientos que alteran el orden y la disciplina de manera permanente en el mencionado sector”.

 
“En consecuencia, resulta claro que para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres, sin contar a las funcionarias, también mujeres, encargadas del cuidado de las alojadas. Esta afirmación no es hipotética, es –en principio- un hecho denunciado por una víctima de la acción delictiva de Fernández”, dijo el tribunal.