La Oficina Anticorrupción (OA) ha destapado una serie de irregularidades en la rendición de cuentas de comedores populares que reciben subsidios millonarios del Estado, en el marco de una investigación judicial que podría implicar fraudes.
La causa, dirigida por la Fiscalía a cargo de Ramiro González, ha revelado que varias organizaciones sociales han emitido facturas duplicadas de distintos proveedores a favor de la misma entidad, lo que sugiere una posible maniobra de defraudación.
Según los hallazgos de la OA, se descubrió que, en fechas clave como el 12 de julio de 2022, dos proveedores diferentes facturaron $194.498 a la “Asociación Civil 18 de Mayo” por conceptos similares, mientras que el 26 de diciembre del mismo año se detectó una factura de $658.490,66 con los mismos productos. Las facturas duplicadas, con montos idénticos y artículos semejantes, habrían sido emitidas el mismo día por proveedores distintos para la misma organización, lo que incrementa las sospechas de manipulación en los registros.
La Oficina Anticorrupción, dirigida por Alejandro Melik, se ha constituido como querellante en esta causa, argumentando que existen pruebas suficientes para avanzar en la imputación de los responsables de las organizaciones sociales involucradas. En este sentido, también se apunta a ex funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, quienes habrían omitido ejercer el debido control sobre las rendiciones y la ejecución de los recursos destinados a los comedores.
Otro hallazgo relevante en la investigación es la aparición de los mismos proveedores en distintas rendiciones de cuentas de diferentes organizaciones. Uno de los proveedores clave en la investigación es "Brumar", una empresa de Puerto Madryn que suministró mercadería tanto a la "Asociación 18 de Mayo" como a "El Amanecer de los Cartoneros". También se ha documentado la participación de otros proveedores, como Percara César Javier y "El Productor-Borgo Horacio René", que figuraron en facturas de diversas organizaciones, incluyendo "Solidaridad y Participación", "La Salud en Comunidad" y "Caminos de Tiza".
Este tipo de irregularidades, junto con la falta de control y supervisión, pone en evidencia un posible entramado de fraude en el uso de fondos públicos destinados a la asistencia social. La OA ha resaltado que, si bien existen elementos suficientes para avanzar en la investigación, aún falta determinar si estos hechos constituyen un delito de defraudación y si los responsables, tanto de las organizaciones como de los organismos encargados de la fiscalización, serán imputados por su participación en las irregularidades.
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