El Gobierno de San Juan ya trabaja en la estrategia jurídica con la que buscará sostener la posición de la provincia si La Rioja concreta su intención de presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el conflicto de límites entre ambos distritos. Aunque el planteo judicial todavía no fue formalizado, desde la Fiscalía de Estado confirmaron que se inició la recopilación de documentación y antecedentes para afrontar una eventual disputa.
El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, explicó que el equipo jurídico provincial se mantiene en estado de alerta tras los anuncios realizados por las autoridades riojanas y comenzó a analizar información histórica, cartográfica y normativa que respaldará la defensa de San Juan en caso de que el litigio avance.
La principal línea argumental estará basada en la vigencia de la Ley Nacional 18.004, norma que estableció los límites entre ambas provincias y que posteriormente fue ratificada por el Congreso de la Nación. Desde la Fiscalía sostienen que ese marco legal otorga plena validez a la delimitación territorial actualmente vigente.
Además, remarcaron que la fijación de los límites respondió a estudios técnicos realizados por especialistas en agrimensura y cartografía, y no a decisiones de carácter político. En ese sentido, indicaron que no existen antecedentes jurídicos o institucionales que, a criterio de la provincia, respalden el reclamo impulsado por La Rioja.
En caso de que la controversia llegue al máximo tribunal del país, la defensa será encabezada por un equipo interdisciplinario integrado por abogados y especialistas, una modalidad que la provincia ya aplicó en otros procesos judiciales de relevancia.
El diferendo volvió a escalar luego de que el gobernador riojano, Ricardo Quintela, promulgara una ley provincial que ratifica el reclamo sobre una franja limítrofe que involucra sectores de los departamentos Valle Fértil, Jáchal e Iglesia. La norma también instruye al Ejecutivo de esa provincia a promover una demanda ante la Corte Suprema para cuestionar la legislación nacional que fijó los actuales límites.
La zona en discusión posee un importante valor estratégico por su potencial minero y turístico, además de abarcar áreas próximas al Parque Provincial Ischigualasto, características que profundizan el interés de ambas provincias sobre el territorio en disputa y anticipan un conflicto que podría resolverse en la Justicia federal.
Comentarios (0)
Sé el primero en comentar.