La circulación de amenazas sobre posibles tiroteos en escuelas de San Juan encendió la preocupación en la comunidad educativa y activó un operativo conjunto entre la Justicia y las fuerzas de seguridad. Si bien no se registraron episodios concretos, la situación tuvo un fuerte impacto en la asistencia escolar.
Uno de los casos más relevantes se detectó en la Escuela Sarmiento, donde apareció un mensaje en un baño que advertía sobre un presunto ataque. Tras el hallazgo, las autoridades dieron aviso inmediato y se dispuso custodia policial preventiva en el establecimiento.
Desde la institución, la vicerrectora Celina Maturano describió el escenario como inusual y señaló que la rápida viralización de la imagen potenció la incertidumbre entre familias y docentes, que comenzaron a consultar sobre las condiciones de seguridad.
La directiva también advirtió que no existen lineamientos claros para afrontar este tipo de amenazas, lo que dificultó una respuesta organizada. Además, indicó que hechos similares se replicaron en otros establecimientos, incluso fuera de la provincia, en lo que aparece como una conducta imitativa entre estudiantes.
En paralelo, la investigación judicial quedó a cargo del fuero contravencional. El fiscal de la UFI Genérica, Adrián Riveros, explicó que las pintadas no configuran, por el momento, un delito penal, aunque remarcó que la situación debe ser atendida con seriedad.
Según detalló, tras conocerse los hechos se activaron medidas preventivas junto al Ministerio de Seguridad para garantizar la protección de alumnos y personal docente. Asimismo, confirmó que se trabaja para identificar a los autores de los mensajes en coordinación con las autoridades escolares.
En cuanto a las consecuencias materiales, indicó que no se registraron daños de consideración, ya que los escritos pueden eliminarse fácilmente. También aclaró que no existen denuncias recientes vinculadas a amenazas concretas o presencia de armas en escuelas.
Finalmente, Riveros insistió en la necesidad de reforzar el trabajo conjunto entre organismos estatales y el sistema educativo para prevenir este tipo de situaciones y evitar su reiteración.
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