La aplicación de la denominada Ley Lucio en San Juan quedó bajo revisión legislativa tras un pedido de informes presentado por la diputada provincial Fernanda Paredes. La iniciativa, que ya tomó estado parlamentario, busca conocer el grado de avance de la normativa en la provincia y los pasos dados por el Ejecutivo para su implementación.
San Juan adhirió a esta legislación nacional en 2023, en el marco de un plan federal orientado a la capacitación obligatoria de agentes estatales en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. No obstante, según advirtió la legisladora, hasta el momento no hay información pública sobre el desarrollo de contenidos, cronogramas de formación ni áreas alcanzadas.
El planteo apunta a esclarecer el estado de un programa considerado clave para la prevención de situaciones de violencia infantil. En ese sentido, Paredes remarcó que la capacitación debe involucrar a sectores sensibles como salud, educación y fuerzas de seguridad, además de los tres poderes del Estado, incluido el ámbito legislativo.
La diputada también subrayó la necesidad de que los propios funcionarios accedan a estas instancias formativas, al considerar que muchas decisiones institucionales tienen impacto directo en la protección de derechos de las infancias.
El pedido cuenta con respaldo dentro de su bloque y fue conversado con referentes de otros espacios políticos, con el objetivo de avanzar en consensos que permitan acelerar la aplicación de la ley. Como antecedente, Paredes mencionó la experiencia de la Ley Micaela, cuya implementación progresiva derivó en su consolidación como requisito en la función pública.
En ese contexto, la legisladora planteó la urgencia de activar la normativa ante recientes episodios de violencia infantil registrados en el país. La solicitud apunta ahora a que el Ejecutivo provincial detalle las acciones realizadas hasta el momento y establezca plazos concretos para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.
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