La aprobación del acuerdo entre San Juan y Vicuña fue presentada por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, como un punto de inflexión para la actividad minera provincial. El funcionario consideró que el convenio marca el comienzo de una etapa que definió como “refundacional”, luego de años en los que, según su análisis, hubo una caída en el ritmo de inversiones y numerosos anuncios que no llegaron a concretarse.
Perea sostuvo que el entendimiento con Vicuña representa un cambio respecto de ese escenario porque incorpora compromisos concretos para el desarrollo de infraestructura y establece un esquema de financiamiento asociado al avance del proyecto. Entre las obras mencionó trabajos viales, hídricos y de saneamiento, con especial atención sobre la Ruta 40 Norte.
Uno de los aspectos que destacó el ministro es el mecanismo mediante el cual se ejecutarán las obras antes de que se produzcan los desembolsos correspondientes. Para Perea, ese esquema no solo representa una fuente de financiamiento, sino también una señal de confianza entre la empresa y la Provincia.
El funcionario también explicó los alcances económicos del convenio. Según detalló, se estableció una regalía equivalente al 3% de la facturación del cobre durante toda la vida del proyecto, además de un aporte adicional del 1,5% de facturación destinado específicamente a infraestructura en las zonas vinculadas con la actividad.
Perea señaló que, al tratarse de un esquema aplicado sobre la facturación, el porcentaje debe analizarse teniendo en cuenta las particularidades de la explotación del cobre. Según los cálculos realizados junto al ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, el 3% de facturación representaría aproximadamente un 4,2% en términos de valor boca de mina.
Uno de los principales cuestionamientos planteados durante el tratamiento legislativo estuvo relacionado con el control ambiental. Frente a esas críticas, Perea aseguró que el acuerdo no modifica las facultades de la Provincia en esa materia y negó que San Juan haya resignado potestades sobre la evaluación y autorización de los proyectos.
El ministro explicó que la autoridad ambiental provincial continuará siendo la encargada de analizar los estudios y otorgar o rechazar las autorizaciones correspondientes. También sostuvo que la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales contemplada en el convenio está limitada a cuestiones de naturaleza económica y no alcanza las decisiones ambientales.
En ese sentido, rechazó que el acuerdo habilite automáticamente la construcción de diques de cola u otras obras vinculadas con los procesos mineros. Según explicó, cualquier iniciativa de ese tipo deberá atravesar los procedimientos y controles establecidos por la normativa provincial, con intervención de los organismos técnicos correspondientes.
Perea también defendió el acceso a la información ambiental y recordó que las Declaraciones de Impacto Ambiental tienen carácter público y pueden ser solicitadas ante la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero. Además, señaló que durante el debate legislativo los diputados tuvieron acceso a la documentación relacionada con el convenio.
Tras la aprobación legislativa, el ministro planteó que la discusión debe avanzar ahora hacia la etapa de ejecución. Para el funcionario, el desafío será convertir los compromisos asumidos en obras, inversiones y actividad productiva concreta.
Con ese escenario, Perea ubicó a la minería como uno de los pilares de la matriz económica provincial y sostuvo que el sector atraviesa un momento decisivo. La expectativa oficial es que el acuerdo con Vicuña no quede solamente como un convenio de financiamiento, sino que se convierta en el punto de partida de un nuevo ciclo de inversiones y desarrollo minero en San Juan.
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