La diputada provincial Fernanda Paredes volvió a poner en agenda en la Legislatura de San Juan un proyecto destinado a reforzar los derechos y las garantías de las personas víctimas de delitos. La iniciativa propone que la provincia adhiera a la Ley Nacional 27.372 y contempla además la creación de un Observatorio de la Víctima de Delitos para reunir información y aportar herramientas para el diseño de políticas públicas.
El proyecto había sido presentado originalmente en 2024, pero perdió estado parlamentario al no avanzar en su tratamiento. A comienzos de 2026, Paredes y su equipo decidieron volver a ingresarlo y ahora la legisladora solicitó que se le otorgara preferencia para acelerar su discusión.
La moción no consiguió la aprobación necesaria en el recinto, aunque se acordó que el expediente sea abordado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia durante las próximas dos sesiones. Ese será el primer paso para determinar si la propuesta consigue avanzar hacia una eventual discusión en el pleno.
La adhesión a la normativa nacional busca reconocer a las víctimas como sujetos de derechos dentro de las investigaciones y procesos penales. Entre las garantías contempladas aparecen el acceso a información, asesoramiento, participación en el proceso, trato digno y acompañamiento durante las distintas etapas de una causa.
El segundo eje de la propuesta es la creación de un Observatorio de la Víctima de Delitos, que funcionaría en el ámbito de la Cámara de Diputados. La intención es generar estadísticas y relevar la situación de las víctimas, sus familias y sus entornos para contar con información que permita orientar futuras decisiones y políticas públicas.
El organismo también tendría entre sus funciones la posibilidad de formular recomendaciones, aportar a la elaboración de proyectos legislativos, impulsar encuestas de victimización y colaborar con investigaciones y actividades de capacitación.
Paredes explicó que la iniciativa volvió a tomar impulso a partir de distintos hechos recientes y mencionó especialmente el femicidio de Gemma Álvarez en Chimbas. La legisladora consideró que ese caso obligó a revisar el funcionamiento de las herramientas disponibles para las personas que atraviesan situaciones de violencia y que habían recurrido previamente a los mecanismos institucionales.
En ese contexto, cuestionó que muchas veces la sociedad insista en la importancia de denunciar y pedir ayuda, pero que el desafío real sea garantizar que esas denuncias generen respuestas efectivas antes de que la situación derive en un desenlace irreversible.
La diputada recordó que San Juan ya cuenta con instrumentos vinculados a la atención de víctimas y mencionó entre ellos la creación de Cavig y las modificaciones incorporadas al Código Procesal Penal, que incluyeron un capítulo específico sobre sus derechos.
Sin embargo, sostuvo que todavía existen aspectos que requieren mejoras y planteó la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva más amplia que la exclusivamente penal. A su entender, cuando el Estado interviene solamente después de ocurrido un delito, muchas veces significa que las herramientas preventivas no funcionaron a tiempo.
El proyecto comenzará ahora una nueva etapa de análisis legislativo. Paredes apuesta a que el debate reúna a los distintos actores involucrados en el sistema para evaluar modificaciones y encontrar un punto de consenso que permita avanzar con una propuesta destinada a fortalecer el acompañamiento y la protección de las víctimas en San Juan.
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