El Gobierno provincial prepara una nueva ley que establecerá un sistema único de acceso basado en una evaluación por puntajes y sorteos públicos. También prevé nuevos requisitos para los postulantes y causales para perder el beneficio.
El Gobierno de San Juan impulsa una profunda reforma del sistema de acceso a las viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con la que busca eliminar las adjudicaciones directas y establecer que todas las unidades financiadas por el Estado provincial sean asignadas exclusivamente mediante sorteos públicos. El proyecto de ley, que aún se encuentra en elaboración, también incorporará un sistema de calificación por puntajes para definir qué aspirantes podrán integrar los padrones de cada convocatoria.
La iniciativa pretende unificar los criterios de acceso a la vivienda social y dejar atrás mecanismos que coexistieron durante años con el régimen de sorteos. De esta manera, todos los postulantes deberán cumplir las condiciones establecidas por la futura normativa para acceder a la instancia de adjudicación.
Según explicó el asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, el objetivo de la reforma es fortalecer la transparencia del sistema y brindar mayores garantías a quienes aspiran a obtener una vivienda, asegurando que quienes reúnan los requisitos participen en igualdad de condiciones.
Antes de cada sorteo, los interesados deberán atravesar un proceso de evaluación basado en un sistema de puntajes previsto en la legislación vigente, aunque nunca reglamentado. La calificación contemplará variables como la composición del grupo familiar, la situación socioeconómica, la estabilidad laboral y la capacidad de afrontar el pago de las cuotas, entre otros criterios que serán definidos en la reglamentación.
Además, el proyecto incorporará aspectos vinculados al comportamiento de los postulantes. Entre ellos, la inexistencia de antecedentes penales tendrá peso dentro de la evaluación, aunque no implicará una exclusión automática. También se analiza exigir que los aspirantes no registren incumplimientos en el pago de cuotas alimentarias dispuestas por la Justicia.
La reforma no solo alcanzará el proceso de selección, sino también a quienes ya hayan sido adjudicatarios. El Ejecutivo provincial busca incorporar causales específicas para desafectar viviendas cuando sus beneficiarios reciban condenas por delitos considerados de especial gravedad, como hechos de violencia intrafamiliar, delitos contra la integridad sexual, homicidios o robos agravados, siempre que esas conductas resulten incompatibles con la finalidad social del programa habitacional.
Otro de los ejes del proyecto apunta a terminar con las operatorias realizadas durante años por sindicatos y otras organizaciones intermedias que comercializaban carpetas o confeccionaban listados de futuros beneficiarios con la expectativa de acceder a barrios financiados por el IPV. Desde el Gobierno sostienen que, en numerosos casos, esas gestiones nunca contaron con compromisos formales del organismo y generaron expectativas que no podían garantizarse.
Las autoridades reconocieron que existen familias que actuaron de buena fe al participar de esos esquemas e incluso recordaron que algunas de esas operatorias son objeto de investigaciones judiciales. Sin embargo, remarcaron que el nuevo régimen buscará establecer un único procedimiento para la asignación de viviendas, basado en la evaluación de los postulantes, la conformación de padrones y la adjudicación exclusivamente mediante sorteos públicos.