En un contexto de conflicto sostenido en el sistema universitario argentino, la Justicia volvió a pronunciarse a favor de las casas de estudio y ordenó al Gobierno nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución, emitida en segunda instancia, refuerza un fallo previo que ya exigía la recomposición salarial y la apertura de negociaciones paritarias.
El rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer, confirmó que la medida judicial surge tras una acción impulsada por decenas de instituciones académicas frente al incumplimiento del Ejecutivo. Según explicó, la normativa obliga a actualizar parcialmente los salarios docentes —afectados por la inflación— y a establecer mecanismos de negociación para recomponer ingresos a futuro.
Pese al fallo inicial, el Gobierno no avanzó en su implementación, lo que derivó en una nueva intervención judicial. La reciente resolución de la Cámara Contencioso Administrativa ratifica la obligación de cumplir con esos puntos y limita las posibilidades de dilación, dejando como única vía un eventual recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
Berenguer planteó que la situación trasciende lo presupuestario y adquiere dimensión institucional. En ese sentido, cuestionó la falta de acatamiento a una ley sancionada por el Congreso y advirtió sobre el impacto que esto tiene en el funcionamiento del sistema republicano y la división de poderes. Asimismo, calificó el escenario actual como inusual dentro de la historia reciente del país.
El conflicto se desarrolla en paralelo a nuevas medidas de fuerza impulsadas por los gremios docentes, que reclaman una recuperación del poder adquisitivo y denuncian un deterioro significativo de los salarios. Las protestas incluyen paros y actividades públicas, con la posibilidad de profundizarse en caso de no haber respuestas oficiales.
En este marco, el rector destacó el rol de los actores locales para sostener las actividades universitarias ante la falta de financiamiento nacional. Municipios, el gobierno provincial y organizaciones del sector privado aparecen como aliados clave para garantizar la continuidad de proyectos académicos y de extensión.
A su vez, indicó que la universidad avanza en estrategias alternativas de financiamiento, orientadas principalmente a áreas de investigación vinculadas a las necesidades regionales, con el objetivo de mantener su operatividad en un contexto de restricciones presupuestarias.
El escenario permanece abierto y con alta incertidumbre, a la espera de definiciones políticas y judiciales que puedan encauzar el conflicto y garantizar la estabilidad del sistema universitario.
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