La Municipalidad de Zonda se encuentra en el foco de la tormenta tras confirmarse un esquema de irregularidades en la contratación y pago de personal. El Tribunal de Cuentas provincial avaló una serie de denuncias que señalan la existencia de "empleados fantasma" dentro de la estructura comunal; es decir, personas que percibían remuneraciones mensuales de las arcas públicas sin contraprestación laboral alguna.
El abogado del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Roberto Correa Esbry, detalló que el fraude se constató mediante inspecciones notariales en las dependencias oficiales. Las actas labradas arrojaron que casi un centenar de supuestos dependientes faltaban crónicamente a sus obligaciones. Asimismo, se detectó que algunos implicados fraguaban los registros de presentismo con firmas anticipadas, mientras que otros utilizaban la jornada estatal para desarrollar negocios particulares.
La gravedad del caso escaló a nivel político al confirmarse el apartamiento de tres personas de la plantilla municipal y la consecuente orden de devolución de los haberes mal habidos. Entre los penalizados se destaca un sobrino del intendente Juan Atampiz, junto a los agentes Miguel Ángel Gil y Manuel Isaías Casívar Tapia. Las autoridades judiciales buscan determinar si existía una red de encubrimiento político que facilitara estos cobros ilegales.
El avance del proceso de fiscalización penal se topó con un serio obstáculo institucional: las autoridades municipales alegaron el extravío de las carpetas de asistencia físicas correspondientes al período investigado. La pérdida de estos documentos públicos fue catalogada como "insólita" por la querella, que sospecha de un intento de ocultamiento de pruebas.
A raíz del escándalo, el Ejecutivo municipal se vio forzado a modernizar sus sistemas de control mediante el uso de lectores biométricos para el ingreso y egreso de la planta de trabajadores. Por su parte, los representantes legales del gremio ratificaron que continuarán aportando elementos a la justicia ordinaria y que exigirán sanciones penales para todos los responsables del desvío de los recursos públicos.
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