Los padres autoconvocados de los colegios preuniversitarios de San Juan lograron reunir en menos de un día los $3.060.000 necesarios para avanzar con un eventual amparo colectivo frente a nuevas medidas de fuerza docentes. El dinero fue aportado por las propias familias y permitirá continuar con las consultas legales para definir si corresponde recurrir a la Justicia y en qué momento hacerlo.
La colecta tuvo una respuesta mayor a la esperada por el grupo, al punto de que durante el proceso debieron suspender temporalmente las transferencias debido al elevado número de operaciones recibidas. Los fondos serán destinados a cubrir los honorarios y gastos vinculados con la estrategia judicial, que estará a cargo de los abogados Domínguez y Saavedra.
La iniciativa involucra a familias de las tres instituciones preuniversitarias dependientes de la Universidad Nacional de San Juan y surgió ante la preocupación por la pérdida de jornadas escolares provocada por el conflicto docente. El grupo estima que reúne a más de 600 padres, vinculados con alrededor de 3.000 estudiantes.
La posibilidad de presentar un amparo comenzó a ser analizada aproximadamente una semana atrás. En aquel momento, los padres consultaron distintos presupuestos profesionales y encontraron valores que oscilaban entre US$2.500 y US$5.000, por lo que decidieron organizar una colecta para contar con los recursos necesarios antes de definir cualquier acción.
El planteo que analizan apunta a defender el derecho de los alumnos a recibir educación y podría incluir pedidos para garantizar un esquema mínimo de clases o establecer mecanismos que permitan reducir el impacto de futuras huelgas sobre el calendario académico.
Sin embargo, todavía no existe una fecha definida para la presentación. Los abogados deberán evaluar el escenario y determinar cuál es el momento más conveniente para acudir a los tribunales, teniendo en cuenta que una acción de estas características debe vincularse con una afectación concreta o inminente.
En ese sentido, los padres consideran que las medidas de fuerza actuales difícilmente puedan ser impedidas mediante una presentación inmediata, debido a los tiempos que demanda el trámite judicial. Por eso, la prioridad es contar desde ahora con la estructura legal y económica preparada para actuar con mayor rapidez si se anuncia un nuevo paro.
La alternativa ya había sido considerada durante una etapa anterior del conflicto docente, pero finalmente los padres habían decidido no avanzar cuando las negociaciones salariales generaron expectativas de normalización de las clases. La reaparición de las medidas de fuerza llevó a retomar el plan.
Ahora, con los fondos reunidos, el próximo paso quedará en manos de los abogados, quienes deberán definir el alcance de una eventual demanda y las medidas concretas que podrían solicitar. También será la Justicia la que determine, en caso de intervenir, si corresponde establecer alguna medida de protección y cuál sería su alcance sobre el dictado de clases.
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