El sistema de atención a personas con discapacidad atraviesa una situación crítica en San Juan, marcada por deudas en el pago de prestaciones y cambios en la política nacional que generan preocupación en el sector. Desde las instituciones advierten que, de no revertirse el escenario, podría verse afectada la continuidad de servicios esenciales en el corto plazo.
La presidenta de ARID (Asociación para la Realización e Inclusión de las Personas con Discapacidad), Gabriela Galdeano, cuestionó con dureza las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, especialmente un proyecto enviado al Senado que propone modificar el régimen de pensiones por invalidez. La iniciativa plantea mayores exigencias para acceder y mantener el beneficio, incluyendo la revisión de condiciones médicas, socioeconómicas y laborales.
Sin embargo, desde el sector prestador aseguran que el problema más urgente no está en las auditorías, sino en la falta de pagos. Según explicó Galdeano, el programa Incluir Salud mantiene deudas desde octubre del año pasado, lo que ha generado un fuerte deterioro financiero en las instituciones que brindan atención en la provincia.
Actualmente, unas 12 entidades —entre asociaciones, fundaciones y prestadores privados— sostienen servicios para personas con discapacidad en San Juan, todas afectadas por los mismos retrasos. En ese marco, advierten que muchas de ellas solo podrán continuar operando hasta mayo o junio si no se regulariza la situación.
El impacto ya comienza a trasladarse a la atención directa. Desde el sector anticipan que podrían verse obligados a restringir prestaciones y priorizar pacientes con cobertura garantizada, dejando en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes dependen exclusivamente de programas estatales.
Además, remarcan que durante años las instituciones absorbieron casos sin financiamiento, pero aseguran que ese esquema dejó de ser sostenible ante la acumulación de deuda y la falta de actualización de aranceles.
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