A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei difirió hasta el 1 de julio la aplicación plena de los incrementos pendientes en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida apunta a evitar un mayor impacto sobre los precios de las naftas y el gasoil.
El Gobierno intenta que la suba del precio del petróleo no impacte de lleno sobre los costos de transporte, que luego son trasladados a los bolsillos de los consumidores.
El Gobierno nacional dispuso una nueva postergación de los aumentos pendientes en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una decisión que busca moderar el traslado a precios en surtidores y sostener el proceso de desaceleración de la inflación.
Así, el Gobierno intenta que la suba del precio del petróleo, que por la guerra en Medio Oriente aún se mantiene en niveles cercanos a los u$s100 por barril, no impacte de lleno sobre los automovilistas, pero especialmente sobre los costos de transporte que luego son trasladados a los bolsillos de los consumidores.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 405/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.
La norma modifica el Decreto 617/2025 y extiende hasta el 30 de junio el esquema de diferimiento de las actualizaciones impositivas que gravan a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. De esta manera, los incrementos remanentes correspondientes a las actualizaciones de 2024, 2025 y del primer trimestre de 2026 recién comenzarán a regir desde el 1 de julio de 2026.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo sostuvo que la decisión se adopta "con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible", por lo que consideró necesario volver a diferir la aplicación de los aumentos tributarios previstos por la legislación vigente.
Los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizan trimestralmente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC, aunque desde 2024 el Gobierno viene postergando total o parcialmente esos incrementos para reducir su impacto sobre los precios finales.
La actualización de estos tributos es administrada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que depende del Ministerio de Economía, y tiene incidencia directa sobre los valores que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.
Con esta decisión, el Ejecutivo vuelve a utilizar la política de diferimiento impositivo como herramienta para evitar una mayor presión sobre los combustibles, uno de los rubros con capacidad de trasladar aumentos al resto de la economía por su incidencia en los costos de transporte y logística.
Comentarios (0)
Sé el primero en comentar.