
Diputados presentaron un amparo para frenar el DNU que modifica la Ley de Inteligencia
País06/01/2026
e NoticiasLos diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron una acción de amparo judicial para solicitar la suspensión del DNU 941/2025, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei introdujo modificaciones a la Ley de Inteligencia. Según argumentaron, el decreto es inconstitucional y vulnera principios básicos del sistema republicano.

La presentación judicial solicita que se declare la nulidad absoluta e insanable del DNU y reclama, además, una medida cautelar para suspender de manera inmediata sus efectos, así como la vigencia de toda normativa dictada en su consecuencia, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.
Entre los principales cuestionamientos, los legisladores señalaron que el decreto no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional, al considerar que no existió ni existe una situación de necesidad y urgencia que justifique eludir el tratamiento parlamentario de una reforma de esta magnitud.
Asimismo, advirtieron que la norma avanza sobre materias expresamente vedadas al Poder Ejecutivo. En ese sentido, sostuvieron que el DNU otorga atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, lo que implicaría una modificación de hecho del artículo 184 del Código Procesal Penal de la Nación.
En relación con el rol del Congreso, Ferraro remarcó que el Parlamento se encuentra en condiciones de sesionar con normalidad y afirmó que una temática tan sensible como la inteligencia estatal requiere debate legislativo, equilibrio institucional y mecanismos de control democrático.
Finalmente, los diputados alertaron que evitar la discusión parlamentaria debilita la legitimidad democrática de la norma. En ese marco, el planteo judicial se suma a los cuestionamientos políticos que enfrenta el Gobierno y abre una nueva instancia de revisión judicial sobre los alcances y límites del uso de los decretos de necesidad y urgencia.













