Concejales del PJ en Chimbas modificaron el Presupuesto y elevaron al 11,7% los fondos del Legislativo

La casi totalidad de los concejales del Partido Justicialista en Chimbas, bloque oficialista de la intendenta Daniela Rodríguez, introdujo cambios sustanciales al proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo municipal. La principal modificación fue el incremento de los recursos destinados al Concejo Deliberante, que pasará a manejar el 11,7% del total del presupuesto, lo que representa unos 4.166 millones de pesos.

El dato fue confirmado por el concejal opositor de Cambia San Juan, Eduardo Rodríguez, quien acompañó e impulsó los cambios. Cabe recordar que durante 2025 el Legislativo había recibido apenas el 4% del total de los recursos municipales.

La decisión representó una fuerte embestida política del Concejo Deliberante, particularmente llamativa por el rol de los ediles oficialistas, que integraron la lista de la propia jefa comunal. Según fuentes del municipio, el trasfondo del conflicto estaría vinculado a las internas del peronismo chimbero, ya que varios concejales responderían políticamente a Fabián Gramajo, líder de la línea San Juan Te Quiero, exintendente y exesposo de Rodríguez.

Rodríguez explicó que el incremento para el Legislativo se logró mediante la reducción de partidas previstas por el Ejecutivo, aunque aclaró que no se afectaron fondos destinados a servicios ni al pago de personal municipal. Además, el edil reconoció que el aumento permitirá dotar al Concejo Deliberante de mayor estructura, incluyendo la incorporación de unas diez personas, con el objetivo de brindar asistencia social directa “en beneficio de los chimberos”.

La movida evidencia la intención del Concejo Deliberante de contar con mayor autonomía financiera y no depender exclusivamente de los fondos girados por el Ejecutivo, además de mostrar un frente común entre oficialistas y opositores frente a la intendenta.

La agenda legislativa continúa este miércoles, cuando los concejales traten la Ordenanza Tributaria Anual, que incluye la posible reinstalación de la tasa inmobiliaria o de servicios sobre inmuebles, eliminada en gestiones anteriores y que el Ejecutivo busca reimplantar para aliviar la situación financiera del municipio.