Debate por la nueva ley de transporte: piden más controles, igualdad entre prestadores y cero precarización

El diputado provincial Mario Herrero se refirió al debate legislativo en torno al proyecto de ley de transporte y sostuvo que es indispensable modernizar la normativa para adecuarla a la realidad actual del sistema. Sin embargo, remarcó que la actualización no debe aprobarse “a las apuradas”.

Herrero explicó que inicialmente se presentaron dos iniciativas: una del Ejecutivo provincial y otra elaborada por el bloque del PJ, a través del diputado Eduardo Cabello. Finalmente, se decidió avanzar en un proyecto integral, que viene siendo analizado desde hace dos meses.

El legislador indicó que este jueves el proyecto se trata en comisiones de manera conjunta, con el objetivo de alcanzar consensos que permitan acercar la normativa a las necesidades reales del sistema. No obstante, reconoció que hay visiones distintas dentro de los bloques.

Según Herrero, el oficialismo mostró resistencia a modificar aspectos del proyecto enviado por el Ejecutivo, lo que podría derivar en dos despachos. 

Herrero sostuvo que el proyecto del Ejecutivo “es válido”, aunque contiene puntos que requieren revisión. Una de las principales objeciones de su bloque es la posibilidad de diferencias entre prestadores o concesionarios, algo que, según señaló, vulneraría el principio de igualdad dentro del sistema. También remarcó la necesidad de garantizar un sistema de control eficaz sobre todo lo que establezca la nueva ley.

El diputado remarcó que la discusión debe contemplar el conflicto entre personas desocupadas o subocupadas que buscan incorporarse al sector y quienes ya cuentan con las habilitaciones correspondientes. Afirmó que el Estado no puede permitir “precarización laboral con empleados no registrados” dentro del sistema de transporte.

Consultado sobre las declaraciones del secretario de Transporte, Marcelo Molina, en relación a la tributación de aplicaciones de transporte, Herrero aclaró que los tributos vinculados a fiscalización provienen del régimen nacional, del cual la Provincia toma su porcentaje. No obstante, advirtió que sin una persona física o jurídica radicada en San Juan, es casi imposible exigir el cumplimiento tributario.

En ese sentido, planteó que las empresas de transporte por aplicación deben radicarse en San Juan, tal como ocurre con taxis y remises, que cuentan con un responsable identificable. Consideró que este es uno de los puntos negativos de la legislación actual y que debe ser corregido.

Finalmente, destacó que la modificación de la ley de transporte es necesaria, ya que la normativa vigente quedó desactualizada. La incógnita será si la reforma llegará con una sola postura unificada o mediante dos dictámenes contrapuestos.