La Provincia iniciará acciones judiciales para recuperar los costos de los operativos por amenazas de bomba

Las demandas se iniciarán este viernes y se centran en recuperar los gastos por procedimientos de seguridad. Fiscalía de Estado estima que cada operativo supera los 4 millones de pesos. Ya se contabilizan al menos 25 casos.

La Fiscalía de Estado de San Juan comenzará con la presentación de las primeras demandas judiciales para recuperar los costos que implicaron los operativos desplegados tras las múltiples amenazas de bomba registradas en la provincia. Así lo confirmó el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, quien adelantó que, en esta primera etapa, se presentarán al menos dos demandas, con posibilidad de sumar una tercera si se completa la documentación necesaria.

Las acciones civiles están dirigidas contra las personas mayores de edad responsables de los hechos, y en el caso de menores, contra sus tutores legales. Los procesos se centran en reclamos por daños y perjuicios, estimando un gasto mínimo de 4 millones de pesos por operativo, según el relevamiento realizado por diversas áreas del Ejecutivo provincial, entre ellas la Secretaría de Seguridad, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.

Dávila explicó que cada demanda iniciará con una mediación previa obligatoria, instancia en la que las partes pueden llegar a un acuerdo antes de que el caso pase a la justicia civil. En caso de no prosperar un entendimiento, se procederá con la acción judicial formal, que será sorteada entre los juzgados civiles y el fuero contencioso administrativo.

Hasta la semana pasada, Fiscalía de Estado tenía registrados 16 casos, y en sólo siete días se sumaron 9 nuevos episodios, dos de ellos ocurridos el jueves: uno en la Escuela General Antonio González Balcarce, en Santa Lucía, y otro en la Escuela Secundaria del Valle Grande, en Rawson. Esto eleva la cifra total de situaciones en las que se evalúa accionar judicialmente a 25 casos.

Entre los antecedentes recientes se encuentra el de la bioquímica Rosario Cortez, quien recibió una probation por una amenaza de bomba en el Hospital Rawson, ocurrida en junio. Aunque evitó una condena penal, Cortez acordó pagar 4 millones de pesos y realizar tareas comunitarias. No obstante, Dávila aclaró que la acción civil por daños es independiente del proceso penal, por lo que también será demandada por el Estado.

Frente al incremento de casos, el Gobierno de San Juan también lanzó una serie de acciones preventivas. Esta semana, el Ministerio de Educación realizó jornadas de sensibilización en las escuelas, con espacios de reflexión, materiales pedagógicos y charlas con alumnos. A la par, se desplegó una campaña de comunicación con el objetivo de concientizar sobre las consecuencias legales y sociales que implican las amenazas de bomba.

A pesar de estas medidas, los casos continúan registrándose. Por ello, desde Fiscalía anticiparon que en las próximas semanas se sumarán más demandas, conforme avance la recolección de información técnica y financiera necesaria para cada presentación.