El Gobierno nacional prohíbe nuevas contrataciones y regulará el empleo público

En el marco de su política de reducción del gasto público, el Gobierno nacional ha anunciado nuevas restricciones para el empleo en el sector público. A partir de ahora, se prohíben las nuevas contrataciones en el ámbito nacional y se establece un régimen más estricto para acceder a un puesto en el Estado.

En 2024, el Gobierno ya había cesanteado a aproximadamente 36.000 empleados públicos, y ahora implementa nuevas medidas con el objetivo de seguir achicando la planta estatal. La última edición del Boletín Oficial de 2024 oficializó los decretos 1148/2024 y 1149/2024, firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Estos decretos imponen un “congelamiento” en las contrataciones y establecen varias restricciones y excepciones.

El decreto 1148/2024 prohíbe que las jurisdicciones y entidades del sector público nacional realicen contrataciones de cualquier tipo, incluidas las plantas transitorias y por tiempo indeterminado, así como los llamados “monotributistas” bajo el régimen de contrato 1.109. Sin embargo, hay excepciones a esta medida, que incluyen sectores como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las Universidades, el Servicio Exterior de la Nación, el Cuerpo de Guardaparques Nacionales y el personal del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, entre otros.

Para poder acceder a un puesto público, la nueva normativa exige que el aspirante haya aprobado previamente un examen de idoneidad. El decreto 1149/2024 establece que este examen debe ser realizado por todos los postulantes, quienes deberán acreditar la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias durante diciembre de 2024.

Además, la reglamentación impone una regla de “3x1” para nuevas incorporaciones. Esto significa que por cada nuevo agente contratado, deben producirse tres bajas en la planta estatal, sin importar la causa de estas bajas.

Las contrataciones públicas no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025. Esta medida se enmarca dentro de un plan de recorte que también afectó a varios trabajadores del sector público. En total, 21.408 personas fueron cesanteadas en la administración centralizada y descentralizada, 2.577 empleados del sector militar y de seguridad perdieron sus puestos, y 11.951 trabajadores de empresas del Estado fueron despedidos.

El Gobierno ha celebrado estos números, argumentando que la reducción del gasto público disminuirá la carga impositiva y permitirá un mayor espacio para la inversión en el sector privado. En diciembre, se sumaron alrededor de 2.200 despidos en el Ministerio de Justicia y más de 100 trabajadores fueron desafectados de la Defensoría del Público, organismo creado por la Ley de Medios, que el Ejecutivo ha anunciado su intención de eliminar.