Julián Gil, ex intendente de Caucete, recientemente condenado por encubrimiento, ahora enfrenta una demanda por presunto incumplimiento de pagos a proveedores durante su gestión.
La actual intendenta, Romina Rosas, ha decidido llevar a cabo acciones legales en su contra, con un reclamo que asciende a más de 3,3 millones de pesos.
La jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, aceptó un embargo sobre el sueldo de Gil, que ya supera los 1,1 millones de pesos, a pedido del municipio. Desde febrero hasta septiembre de este año, el embargo ya ha alcanzado los 1.126.218 pesos. Este proceso judicial, conocido como acción de repetición por pago, surgió tras una fallida mediación entre las partes.
Durante su etapa como concejal, Romina Rosas fue crítica del manejo de fondos de Gil, y una vez en el cargo de intendenta, prometió investigar posibles irregularidades. La demanda se basa en la falta de pago de un alquiler de retroexcavadora durante tres meses y otros incumplimientos relacionados con alquileres de inmuebles.
Uno de los puntos más controvertidos es la supuesta malversación de fondos de un programa nacional. Gil habría recibido casi un millón de pesos del plan “Municipios de pie” para la compra de juegos para un parque, los cuales no fueron aprobados por el Gobierno nacional debido a irregularidades en la rendición de cuentas.
La jueza Tettamanti ha rechazado los intentos de Gil y de su exsecretario de Desarrollo Ambiental, Marcelo Domínguez, de desestimar la causa. El proceso judicial está aún en sus primeras etapas y dependerá de la producción de pruebas para determinar el futuro de Gil, quien, si es condenado, enfrentaría un incremento en el monto de la demanda por la actualización de intereses.
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